Eurodiputados piden que UE actúe para ayudar a presos europeos en Venezuela
EFE
La subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo pidió hoy a la Unión Europea que «pase a la acción» para resolver «la crisis humanitaria» de Venezuela y que «ayude» a los presos políticos europeos que permanecen detenidos en el país.
La eurodiputada del grupo liberal ALDE Beatriz Becerra, vicepresidenta de esta subcomisión, denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro lleva a cabo «detenciones arbitrarias» y «se niega a reconocer una crisis humanitaria que impide la llegada de ayuda desde el exterior».
«Esta actitud del Gobierno está sumiendo a la población en una situación de absoluto desamparo. Hay que pasar de la preocupación a la acción desde las instituciones europeas y ayudar a nuestros compatriotas detenidos en Venezuela», afirmó.
La directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga y coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano, Tamra Suju, invitada al debate, denunció un total de 2.300 arrestos por motivos políticos en Venezuela «en los últimos cinco meses».
De esa cifra de personas arrestadas, subrayó, 24 están condenadas y 77 detenidas por procesos judiciales pendientes.
Por otro lado, dijo que «un total de 2.055 personas arrestadas en los últimos dos años siguen teniendo procesos penales abiertos».
Por su parte, la presidenta de VenEuropa, Patricia Betancourt, denunció los casos de diez personas repartidas en distintas cárceles «que comparten con el resto de presos políticos las mismas ilegalidades y condiciones inhumanas», entre ellas cuatro españoles.
«Venimos a pedir que ustedes hagan lo que esté a su alcance para conocer la situación en la que se encuentran estos europeos», afirmó.
Betancourt pidió que «se active» una delegación de eurodiputados «que viaje lo antes posible a Venezuela e incluya en la visita a los presos políticos europeos», después de que el pasado diciembre la Eurocámara anulara una misión de observación electoral.
La representante del Comité de Víctimas de la Guarimba y del Golpe Continuado, Zoraida Bravo, cuyo hijo perdió la vida hace un año y medio en disturbios callejeros en los que hubo un total de 43 muertes, dijo que la Eurocámara «puede contribuir a evitar que ocurran más situaciones de violencia» en Venezuela.
«Queremos pedir a este Parlamento que contribuya con la labor que hacen nuestras organizaciones, que no haya impunidad y se sancione a los responsables», afirmó.
El eurodiputado del PP Luis de Grandes denunció «el proceso de deriva totalitario del régimen de Maduro, que está bordeando el riesgo de una represión sin límites», mientras que Teresa Jiménez-Becerril, del mismo partido, puso el acento «en el apoyo a las víctimas».
Por parte de Izquierda Unida, Javier Couso denunció «una oposición violenta» y dijo que la ONU ha ratificado que Venezuela es «un país garante y respetuoso de los derechos humanos».
Couso abogó por «otro rol» de la UE, que apueste por «apoyar a las víctimas del terrorismo callejero, el respeto de la institucionalidad venezolana y la misión de Unasur», la Unión de Naciones Suramericanas.
