Eurocámara pide a la UE más sanciones a Nicaragua si se aprueban nuevas leyes
800 Noticias | EFE
El Parlamento Europeo (PE) pidió este jueves a los Estados de la Unión Europea (UE) que acuerden nuevas sanciones a Nicaragua si este país aprueba las nuevas leyes que prepara sobre ciberdelitos y agentes extranjeros y el Gobierno no se presta a un diálogo nacional sobre la reforma electoral.
En una resolución aprobada por 609 votos a favor, 21 en contra y 64 abstenciones, la Eurocámara condenó los intentos del Gobierno nicaragüense de poner en marcha nuevas leyes que tildaron de «anticonstitucionales», entre ellas la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos.
«Estas leyes proporcionarán al Gobierno de Daniel Ortega un nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera, lo que aumentará el número de víctimas de esta represión y agravará aún más el clima general de intimidación y amenaza», inciden los diputados.
El texto aprobado insta al Consejo (los países de la UE) a «ampliar rápidamente la lista de personas y entidades susceptibles de sanción» en el caso de que se aprueben estas dos propuestas de normativa, y si el Gobierno de Nicaragua «sigue sin estar dispuesto a entablar un diálogo nacional sobre una reforma electoral adecuada» y «persiste la represión de la sociedad civil y la oposición».
En concreto, pide que se incluya en las medidas restrictivas al presidente, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta, Rosario Murillo, que es a su vez esposa de Ortega.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
El Parlamento Europeo se solidarizó con el pueblo nicaragüense y condenó «las acciones represivas del Gobierno», a quien pidió que «deje de criminalizar a las voces independientes y a que ponga fin a toda intención de controlar y restringir la labor de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos».
Reacciones unánimes
La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) Dubravka Suica avisó este jueves de que la potencial nueva legislación sobre agentes extranjeros que prepara el Gobierno de Nicaragua «probablemente afectará» a los programas de cooperación que este país tiene con la Unión Europea.
Ante el Parlamento, Suica señaló que esta legislación «podría usarse para restringir aún más los derechos sociales y políticos de individuos, la sociedad civil y los medios».
Desde el hemiciclo, la eurodiputada socialista Alícia Homs insistió en que «si siguen restringiendo los derechos de sus ciudadanos, habrá consecuencias», como «más sanciones», y lamentó que el Gobierno, a quien pidió que «abandone el camino de la represión», «se aferre al poder a costa de la mayoría».
Por su parte, el popular Leopoldo López advirtió de que las tres leyes que se plantean -las dos ya mencionadas y una tercera contra los delitos de odio- «no solo distorsionarían el sistema político de Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política».
En concreto, la ley de agentes extranjeros podría llegar a afectar, de ser aprobada, a personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional, incluso de la Unión Europea, avisó el diputado del PP.
Desde Ciudadanos, José Ramón Bauzá cuestionó si no se ha «aprendido nada de Venezuela» y alertó de que Nicaragua tiene ante sí el camino «del compromiso y las reformas» para unos comicios «limpios» el próximo año o el «ya emprendido» por Ortega de «unas elecciones contaminadas por el fraude electoral».
«Si Ortega y Murillo quieren seguir robándole a los nicaragüenses lo poco que aún le queda a este sufrido pueblo, que no sea con la complicidad de la Unión Europea», reclamó el diputado naranja.
También Izaskun Bilbao (PNV) advirtió de que los acuerdos alcanzados el pasado año para buscar una salida pacífica a la crisis «han quedado en agua de borrajas» y atribuyó la responsabilidad de ello al actual Gobierno.
Hermann Tertsch (Vox) incidió en que Nicaragua es una dictadura «a la que se trata demasiado bien» y denunció que en el país centroamericano se estén planteando leyes para «cerrar absolutamente la discusión», al tiempo que pidió al alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, que «siente una señal clara» ante esta crisis.
