Este fin de semana los mexicanos decidirán en consulta sobre proyectos de López Obrador
EFE
Los mexicanos participarán el sábado y el domingo en una consulta sobre diversas iniciativas, entre las que destacan tres grandes proyectos de infraestructura, prioritarias para el Gobierno entrante del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
El Tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería de Dos Bocas encabezan la boleta que incluye otras propuestas de tipo social y ambiental y que serán consideradas en todo el país pero con especial interés en la región sur-sureste, donde esos tres proyectos serán, al parecer, echados a andar.
A un día del ejercicio hay sentimientos encontrados en los diversos ámbitos involucrados, entre ellos el sector empresarial, que por un lado aboga por el Tren Maya pero que también cuestiona esta consulta al considerarla innecesaria.
También objeta su financiamiento, en caso de ser desviado este de los recursos para la promoción turística del país a nivel internacional.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, originario de Mérida, capital del estado de Yucatán, afirmó que el tren sí impulsará la economía y lo consideró rentable, por lo que él y sus agremiados consideran innecesaria la consulta que abarcará todo el país.
A su vez, agrupaciones indígenas de la zona maya se han mostrado en favor por los beneficios, sobre todo económicos y de oportunidad laboral que el tren dará a la región, pero también en contra por no haber sido objeto de una consulta previa específica a sus pueblos.
En tanto, la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, ha hallado respuesta favorable de la iniciativa privada y los paisanos del futuro presidente por la percepción de que resarcirá fuentes laborales perdidas a raíz de la reforma energética, que terminó con el monopolio del sector por parte de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), principal motor económico de la zona.
Pero ha sido objetada, sobre todo en días recientes, por ambientalistas que criticaron y denunciaron ante instancias del ramo el desmonte de un terreno, propiedad de Pemex y que sería empleado para dicha refinería.
Con esa objeción viene implícita otra a la consulta, al considerarla innecesaria por lo hecho en esa superficie que evidencia que la decisión está ya tomada, independientemente de lo que opinen los ciudadanos.
Un poco más al norte a orillas del Golfo de México, el puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, será uno de los dos puntos de salida y llegada del otro proyecto de infraestructura del próximo gobierno, el Tren Transístmico, que tendrá su otro extremo en el Océano Pacífico, en el puerto y petrolero de Salina Cruz, Oaxaca.
Este proyecto, que será el que quizá requiera menos presupuesto de las iniciativas de infraestructura con poco más de 49,2 millones de dólares (el Tren Maya necesitará 363,5 millones), prevé enlazar ambos océanos por vía férrea para el transporte de carga y mercancía -petróleo incluido-, lo que facilitaría las exportaciones.
Especialistas han considerado que, con el tiempo, este ferrocarril pueda vincularse con el Tren Maya. De suceder esto, la economía de todo el sur mexicano resultaría previsiblemente vinculada y dinamizada.
Los tres proyectos referidos buscan rescatar a la región del ancestral en que ha permanecido desde la época posrevolucionaria (1917), sin inversiones que generen un cambio en la economía y sobre todo en la vida de sus habitantes.
Salvo la promoción del proyecto del puerto de Cancún en el Gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) -que con el tiempo se convirtió en el principal balneario de Latinoamérica-, la región ha evidenciado un rezago paradójico respecto al resto del país, pues ha sido su principal abastecedor de petróleo, energía eléctrica y divisas por turismo.
La apuesta de López Obrador, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre parece ser buscar un equilibrio con la zona de los más pobres, desprovistos de la dinámica de desarrollo en el centro y norte del país.
Todo ello a fin de beneficiar a unos 24 millones de gobernados en siete estados, casi 20 % de la población mexicana.
