Estado colombiano pide perdón por muerte de campesino a manos de militares
EFE
El Estado colombiano reconoció públicamente hoy su responsabilidad por la ejecución extrajudicial de un campesino a manos de miembros de la Armada Nacional en hechos ocurridos hace 24 años en el municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar (norte).
El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, admitió la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del campesino Omar Zúñiga Vásquez y la tortura de su madre Amira Vásquez de Zúñiga, en junio de 1992 a manos de integrantes de la Armada Nacional.
En un evento público al que asistieron los familiares del campesino, Londoño expresó que «hoy el Estado pide perdón», cumpliendo así una de las medidas pactadas en el acuerdo de solución amistosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
«Asumimos la obligación de continuar trabajando en la reparación integral de su familia, no sin antes reiterar el perdón público por lo sucedido», afirmó el ministro al anotar que «el perdón se constituye en la piedra angular de un verdadero proceso de reconciliación».
Carmen Zúñiga, hermana de la víctima, manifestó que «después de 24 años pidiendo justicia y de insistencia ante todas las instancias judiciales», se logró el reconocimiento de la «responsabilidad del Estado en la desaparición y muerte de mi hermano».
Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 1992 cuando hombres del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina No. 3, 14 y 15, de la I Brigada, se llevaron a Omar Zúñiga y su madre Amira Vásquez con el objetivo de obtener información sobre el paradero de guerrilleros.
Según los expedientes judiciales, mientras la señora Amira fue liberada después de ser torturada, Omar apareció muerto nueve días después con un tiro de gracia.
A lo largo del procedimiento penal y ante diferentes autoridades del Estado colombiano, la familia Zúñiga Vásquez recibió amenazas, hostigamientos e intimidaciones por investigar la muerte de Omar y la responsabilidad de los miembros de la Infantería de Marina.
En el año 2012 la Fiscalía declaró la prescripción de la acción penal en relación con los delitos calificados y decidió beneficiar a los militares ordenando su libertad.
