ESPECIAL | +VIDEO | Dilema: «presos políticos» o «políticos presos» en Venezuela
@wandordumont
Es difícil determinar en un país como Venezuela si hay o no presos políticos, primero por el hermetismo que hay en los tribunales para revisar los casos y entrar a los juicios, lo cual deja «en un supuesto» todo lo que ocurra ahí; mientras que del lado de la oposición también poca información tras cada audiencia de juicio para no afectar al dirigente que está siendo procesado.
Lo que está claro que desde 2014 el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha tenido un incremento considerable de aprehensiones contra dirigentes de oposición por liderar acciones de calle, por presuntas acciones para generar un «golpe de Estado» o desestabilización social, lo cual ha dejado un saldo de 106 «presos políticos», según la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal Venezolano.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, la diputada Delsa Solórzano tiene un conteo de «126 prisioneros políticos en Venezuela. Cada uno de ellos merece libertad”.
El director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, definió que un preso político o de conciencia es aquella persona que fue arrestada, llevada o no a tribunales y condenada por ser disidente del gobierno de turno a causa de una protesta. Como ejemplo citó los casos del dirigente de los partidos de oposición Voluntad Popular, Leopoldo López y Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma.
El representante de la ONG aseguró que en 2016 la persecución política y la represión por parte del Estado se ha incrementado en los últimos meses. Asimismo, Romero reiteró que continúa lo que han llamado el efecto “puerta giratoria” que implica que “mientras liberan a cinco personas detienen a otros. Unos entran y otros salen. El gobierno los utiliza como rehenes para incrementar su poder de negociación. Eso no lo podemos permitir. Los presos políticos no son números, son rostros de personas que están en la oscuridad sufriendo día a día un encarcelamiento injusto”, aseveró cuando fue entrevistado.
¿Qué dejó las mesa técnica de diálogo para los denominados presos políticos?
Según cifras de la ONG mencionada anteriomente, la mesa técnica de diálogo entre Gobierno y oposición lo que dejó fue un incremento en las detenciones de los «presos políticos»: desde enero a noviembre de 2016 hubo 48 encarcelaciones y desde la llegada de el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (mediador) en el mes de mayo, han habido 43 y 27 liberaciones paulatinamente, «de las cuales 8 podrían atribuirse al dialogo porque se dieron durante las conversaciones», comentó Romero.
Mientras que para los familiares de los denominados presos políticos, las mesas técnicas de diálogo fueron una pérdida de tiempo y una burla para sus parientes, debido que en ocasiones se jugaba con la opinión pública, divulgando nombres que presuntamente podrían ser liberados pero que al final no lo fueron.
Para la oposición venezolana, específicamente los partidos que tienen a dirigentes y militantes privados de libertad, consideran que el tema de los «presos políticos», demostró que el Gobierno no tiene ninguna voluntad para «echar para adelante y buscar la salida democrática a la crisis que vive el país», además de ganar tiempo políticamente.
Asimismo, consideraron que el Estado venezolano usa a los denominados presos políticos como moneda de canje, la pregunta sería ¿a cambio de qué? pero los entrevistados concluyeron que esos dirigentes de oposición detenidos son para generar ruido comunicacional.
Por su parte, el Gobierno en toda su estructura, levanta la bandera de que en Venezuela no existen ‘presos políticos’ sino políticos que cometieron delitos y por tal razón están privados de libertad. Señaló el dirigente del oficialismo que fue entrevistado y agregó que la oposición nunca ha tenido argumentos para defender a los ciudadanos que están detenidos, por estar en manifestaciones públicas que han terminado en violencia, presunta instigación pública o desestabilización social.
El parlamentario por su parte ratificó que no hay ‘presos políticos’, pero mencionó que si la «derecha (oposición)» considera que los hay, el Gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar acerca del tema. Aunque deja la duda de por qué dialogar por estos casos si no existen presos políticos.
Dirigentes de oposición privados de libertad
El primer caso que ocupó toda la atención de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales fue el de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, detenido por las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro el 12 de febrero de 2014 en Caracas, que terminó ese día con tres muertos, decenas de heridos, y daños a infraestructuras gubernamentales. López se entregó a las autoridades en Chacaito el 18 de febrero de ese año.
El dirigente de Voluntad Popular tuvo 13 meses de suspensión de audiencias, López fue acusado por los delitos de “instigación pública» el 10 de septiembre de 2015, y condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión.
Durante 2016, la defensa de López apeló la condena, la cual tuvo dos diferimientos (20 de junio y 7 de julio), y quedó fijada para el pasado 22 de julio aproximadamente a las 11.00 (hora local), el mismo concluyó la madrugada del sábado 23 a las 3.00 am y que terminó ratificando la condena impuesta al dirigente de Voluntad Popular.
El diputado Renzo Prieto, está privado de libertad desde el 10 de mayo del 2014, luego de haber formado parte del campamento estudiantil de protesta en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes. Estuvo recientemente en huelga de hambre por 14 días en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde cumple su condena, presuntamente según su colega parlamentaria Gaby Arellano fue maniatado y golpeado por esta acción.
El ex alcalde Daniel Ceballos, fue detenido por funcionarios del Sebin el pasado 19 de marzo de 2014 en Caracas. Luego fue sometido a un juicio en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y despojado de su cargo de alcalde de San Cristóbal; fue recluido en la Cárcel Militar de Ramo Verde, junto a Leopoldo López, se le inició un juicio por «Rebelión Civil», proceso en el cual hoy se otorga la medida de arresto domiciliario. Durante 20 días sostuvo una huelga de hambre para exigir la fecha de las elecciones parlamentarias de 2015.
El fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) Manuel Rosales, retornó al país el 15 de octubre de 2015, al llegar al aeropuerto internacional La Chinita de Maracaibo, después de estar exiliado seis años, inmediatamente fue detenido por el Sebin y trasladado a tribunales, donde se le dictó la medida de privativa de libertad, en el Helicoide, Caracas. La primera audiencia preliminar de juicio fue pautada para el 12 de noviembre y la misma fue diferida en cuatro oportunidades, la cual terminó realizándose el 26 de febrero de 2016 y terminando el 7 de marzo de este año, el Tribunal 19 de Control del Área Metropolitana de Caracas mantuvo su acusación de presunto enriquecimiento ilícito, por lo cual se pasó a juicio pero que todavía no se ha establecido la fecha de inicio del mismo.
El ex gobernador del estado Zulia fue imputado el 11 de diciembre de 2008 por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, como parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República a mediados del año 2007. A Rosales se le otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario a Manuel Rosales el 19 de octubre de 2016.
Yon Goicochea, que recientemente se unió a las filas del partido Voluntad Popular, fue detenido por los organismos de seguridad de inteligencia el 29 de agosto de 2016, por presuntamente cargar material para hacer explosivos, el cual iba a ser usado para generar un estado de destabilización social durante la marcha de oposición que se realizó el primero de septiembre de este año (2016) en la ciudad de Caracas, así lo explicó el primer vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello.
El pasado 5 de diciembre de 2016, el tribunal de control que lleva su causa dictó medida de libertad a favor del dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea. Los abogados y familiares del joven esperan que sea puesto en libertad, medida que no ha sido acatada por el Sebin, organismo que tiene su custodia.
El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, detenido el 19 de febrero del 2015, fue apresado por 80 funcionarios del Sebin que llegaron hasta el despacho de la Alcaldía Metropolitana ubicada en El Rosal, tras una orden presidente de la República, Nicolás Maduro debido a que el dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), estaba gestando un presunto plan de golpe Estado.
El pasado 15 de febrero de 2016, el juez Manuel Graterol admitió la acusación del Ministerio Público en contra del alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y declaró el pase a juicio con medida cautelar de casa por cárcel.
Por su parte, la hija del alcalde Metropolitano Oriette Ledezma le pidió al Gobierno “seriedad” y dejara de “burlarse” de lo venezolanos con la mesa técnica de diálogo, debido al rumor que surgió días atrás, que Antonio Ledezma encabezaba un la lista de liberación de denominados “presos políticos” pero que al final no se concretó.
Las liberaciones
El diputado suplente Rosmit Mantilla, fue la primera liberación de este 2016 que ocupó a todos los medios de comunicación del país, su liberación se le atribuye al diálogo, aunque para el partido donde milita Voluntad Popular, asevera que fue más por su precaria condición de salud que por una mediación, debido a que el Gobierno no quiso asumir las consecuencia si el diputado perdía la vida por cálculos que se le formaron en la vesícula. Mantilla también fue acusado junto a López por los hechos de violencia de 2014 y liberado el pasado 17 de noviembre (2016) aunque con libertad condicional de régimen de presentación y prohibición de salida del país. El 22 de ese mes fue juramentado por la Asamblea Nacional.
Carlos Melo, dirigente del partido Avanzada Progresista, casualmente también fue detenido en 30 de agosto de este año por el Sebin, presuntamente fue capturado teniendo en su poder un material explosivos denominado “cordón detonante”. Un día antes que se realizara la marcha convocada por la oposición venezolana en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro el 1ro de septiembre de 2016.
El dirigente de Avanzada Progesista fue liberado el 31 de octubre (2016), la cual se le atribuye a las mesas técnicas de diálogo, aunque Melo señaló que su liberación no fue negociada sino que se corrigió un error en la forma de impartir justicia, agregó que la misma pudo darse una semana después de su detención pero no entendía porque no era liberado, si la juez 21 de Control ya había firmado su boleta de excarcelación.
La última liberación que hizo ruido comunicacional de los denominados presos políticos fue el diputado suplente Gilberto Sojo, estuvo detenido en los calabozos del Sebin desde el 26 de noviembre de 2014. Lo acusaron de presunta conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El parlamentario fue puesto en libertad la madrugada del pasado 13 de diciembre (2016), ese mismo día fue juramentado por la Asamblea Nacional.
Últimas informaciones de los «presos políticos»
El pasado viernes 16 de diciembre los abogados defensores de los denominados presos políticos, solicitaron ante el Tribunal Supremo de Juisticia (TSJ) y entregaron en cada despacho de los jueces que llevan las causas en el Palacio de Justicia, un documento para exigir la revisión de las medidas de cada unos ellos.
Argumentaron que hay más de 100 las personas que están detenidas por presuntas motivaciones de carácter político.
Asimismo denunciaron que hay al menos 27 detenidos que tienen boletas de excarcelación y no han sido liberados, por lo que exigen una respuesta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque la interrogante principal, la existencia de «presos políticos» en Venezuela no se puede afirmar, porque el Gobierno central en cada caso siempre ha tenido la forma de argumentar las detenciones, basándose en la seguridad nacional. Habría que definir si la justicia venezolana considera a los dirigentes de oposición una amenaza para el país, por tener discursos contra las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro.
