Los acuerdos de La Habana y la virtual paz en Colombia dependen del pueblo
Carlos López Dorante.- Poco más de 3 años se han cumplido desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) aceptó iniciar los diálogos con el gobierno de Colombia para lograr la paz, tras 51 años de conflicto armado.
Desde su fundación, en 1964, las Farc han buscado (a través del uso de las armas) establecer en Colombia un Estado Socialista, inspirados por la fuerte pugna entre los ideales capitalistas y comunistas defendidos por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
Pero con el paso del tiempo los vicios afectaron el ideal socialista puro.
La minería ilegal y el narcotráfico financiaron la compra de armas y el establecimiento de campamentos para controlar poblados. Las guerras de guerrilla, el secuestro, el asesinato de funcionarios de gobierno y el terrorismo se convirtieron en los métodos predilectos del grupo «insurgente» para imponer su modelo en el país.
En diversos momentos y por diversas razones, se han visto en la obligación de bajar sus armas y buscar el consenso con el Gobierno, para transformar la lucha armada en una participación política real e importante.
La volatilidad de la paz
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no fue el primero en buscar un acercamiento con el grupo guerrillero para obtener la paz, pero si el que más cerca ha estado, jamás, de obtener la paz.
Ya muchos años antes de Santos, en los años 80, los intentos de paz del ex presidente Belisario Betancur marcaron un hito en la historia de Colombia. Betancur cambió el discurso político del país para darle voz a las Farc, reconociendo públicamente que las Farc son un grupo de «oposición armada» y se les debe dar participación política.
Logros importantes se atribuyen a Betancur: se otorgaron Amnistías y perdones, hubo acuerdos en materia de cese al fuego, se abrieron mesas para dialogar sobre grandes temas del país que afectaban a ambos sectores (tierras, armas, narcotráfico, Derechos Humanos).
Tras su salida del gobierno y la llegada de Virgilio Barco al poder, en 1986, los diálogos se «replantearon», y con la llegada de otros gobiernos, la idea de paz se congeló en la política.
El gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez buscó acercamientos clandestinos a través de su Comisionado de Paz, Frank Pearl. Dichos acercamientos no pasaron de ideas por la muerte de Julián Ernesto Guevara, quien falleció siendo cautivo de las Farc.
Humo blanco en La Habana
Fue en 2014 cuando en la capital cubana, La Habana, el gobierno de Colombia y las Farc-EP establecieron una agenda completa, con 5 puntos claves del Acuerdo General para alcanzar la paz definitiva.
1 – Política de desarrollo Agrario Integral
Un tema clave. Analistas han estimado que los conflictos por disputas territoriales cultivables son un elemento medular en el inicio del conflicto.
Se acordó crear un fondo de tierras de distribución gratuita, la formalización de la propiedad rural. Se otorgarán subsidios y créditos especiales a los campesinos, además de crearse una jurisdicción agraria.
2 – La participación política
En el marco de lo que se ha denominado «la nueva apertura democrática», se acordó establecer mecanismos para la creación de nuevos partidos políticos.
Esto incluye, además, crear circunscripciones especiales en las zonas más afectadas por el conflicto, en las que se podrán elegir parlamentarios extra a los ya existentes.
De suma importancia fue asegurar la separación definitiva del vinculo entre política y armas. Hubo el compromiso de que todas aquellas personas que formen parte de la vida política no serán víctimas ni victimarios a través del uso de armamento.
Esto es clave para los guerrilleros quienes no quieren convertirse en objetivos una vez lograda la paz y depuestas las armas.
3 – Las drogas ilícitas
El gobierno y las Farc acordaron la sustitución y erradicación de cultivos ilegales.
También se comprometieron a tratar el consumo de sustancias ilíticas como un tema de salud pública.
Intensificar la lucha contra el narcotráfico, en el país que lidera la producción y comercialización ilegal de cocaína en el mundo, será un punto determinante para la gestión de Santos una vez sellado el acuerdo final.
4 – La Justicia Transicional
Las partes acordaron la creación de una jurisdicción especial para la paz, conformada por magistrados colombianos y extranjeros. Tendrán la dura misión de revisar cada delito cometido por los actores del conflicto, tanto guerrilleros como funcionarios del Estado.
El gobierno ofrecerá una amnistía para los delitos excepto las violaciones graves a los Derechos Humanos y los delitos de Lesa Humanidad.
El elemento fundamental de este punto acordado establece que los guerrilleros que se desmovilicen en los 60 días siguientes a la firma de los tratados de paz y confiesen sus delitos, enfrentarían penas máximas de hasta ocho años, considerando opciones especiales de restricción a la libertad.
Por otra parte, quienes no confiesen sus delitos y se encuentren culpables, enfrentarán penas de 20 años sin medidas especiales.
5 – Las víctimas del conflicto armado
Quizá, el más difícil de todos los acuerdos planteados.
El pasado 15 de diciembre se acordó la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que busca la satisfacción de los derechos de las víctimas -más de 7 millones de colombianos-; garantizar la no repetición; tener un enfoque territorial, diferencial y de género; proveer seguridad jurídica para los procesados; promover la convivencia y la reconciliación; y conseguir tener legitimidad.
Esto incluye el establecimiento de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto.
Además, se debe crear una Comisión de la Verdad y una Comisión para la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y los mecanismos para garantizar la no repetición.
«Una piñata de impunidad»
«Acá no se discrimina. Ésta es una piñata de impunidad» sentenció José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina, sobre la firma de los 2 últimos puntos de la agenda.
HRW sostiene que el acuerdo beneficia a los criminales y sacrifica a las víctimas del conflicto. «Es un pacto entre el gobierno y las FARC que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto colombiano», afirmó Vivanco.
Agregó que este acuerdo constituye «un retroceso para América Latina (…) un precedente que a nivel universal nos retrotrae a otras épocas cuando no había estándares internacionales» en materia de Derechos Humanos.
«No hay ningún tribunal internacional que se haya creado en los últimos veinte años donde no se haya contemplado la prisión efectiva, es decir la privación de la libertad por crímenes de guerra y de lesa humanidad», dijo Vivanco.
La última palabra la tienen los colombianos
Muy a pesar de todo lo logrado en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos prometió que todos los acuerdos suscritos y la paz definitiva serán validados por el voto popular de los colombianos.
Con más de 7 millones de víctimas, y un creciente descontento en la sociedad colombiana, convencer a la mayoría de «perdonar» todos los ataques bombas, los secuestros, asesinatos y la violencia que ha implementado las Farc en el territorio colombiano, es una tarea a cuestas que tiene Santos.
Mas aún si se prevé firmar el acuerdo final en marzo de 2016, el cual además establece la promulgación y adopción de todo lo acordado en un plazo no mayor a 6 meses.
A principios de diciembre el congreso de Colombia aprobó el proyecto para el plebiscito para la paz, aunque la norma sobre la consulta, sin embargo, todavía tiene que ser valorada por la Corte Constitucional.
