ESPECIAL| Asamblea Nacional resiste a trabas del Gobierno mediante la «caridad»
Mildred Manrique
La oposición venezolana en la Asamblea Nacional (AN) ha tenido que reinventarse, no solamente llevando a debate acuerdos sobre temas de interés nacional, ya que las leyes sancionadas quedan en el limbo por el cerco «impuesto» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante un presunto desacato, sino que además, han tenido que «pedir» recursos a «almas caritativas» para «mantener activa» una sede tan importante para el país, como lo es el Palacio Federal Legislativo: la casa de las leyes.
«Ahora somos como una iglesia o una ONG que vive de la donaciones. No tenemos recursos propios para cubrir todos los gastos, pero hacemos esfuerzos para seguir luchando por los venezolanos y no permitir que el Gobierno neutralice nuestro Parlamento. Estamos dando una lucha de resistencia muy grande», dijo recientemente el actual presidente de la AN, diputado Julio Borges en conversaciones con la prensa.
La crisis financiera «obligada» comenzó en el mes de agosto de 2016, cuando la Oficina Nacional de Presuspuesto (Onapre) dejó de cancelar la partida completa de la AN, incluyendo los sueldos de los diputados que varían entre 40, 60 y 80 mil bolívares base, sin contar cestatickets y bono de transporte para los que viven en el interior. También dejaron de percibir sueldo los llamados cargos 99, «personal de confianza».
Desde entonces, algunos diputados dejaron de asistir a las sesiones por no contar con el dinero para sus traslados, estadias y comidas en la capital venezolana. Algunas veces no cuentan con quórum para debatir leyes. Normalmente están 55 presentes, de los cuales algunos viven en Caracas, Miranda, Aragua y cercanías. Otros cuentan con recursos propios y otros que no tanto consiguen quién les aporte una «ayudaíta».
Meses después, el Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa, Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional se declaró en “emergencia administrativa” y denunció que las condiciones laborales en el Palacio Legislativo son “infrahumanas”.
La falta de asignación de recursos económicos de parte de la Onapre se había extendido, impidiendo hasta la compra de papel higiénico, tonner para imprimir y fotocopiar, materiales de oficina y artículos de limpieza e higiene, señalaron los trabajadores en un señala el comunicado publicado el 25 de noviembre de 2016.
Los trabajadores han denunciado permanentemente que la situación se agrava cuando se les comunicó que la Onapre tampoco otorgó la partida para la compra de comida y mantenimiento de los Centros de Educación Inicial (guardería y preescolar) de sus hijos.
Los cortes eléctricos y de suministro de agua potable impiden el uso de los baños en el Palacio, lo que también afecta su trabajo, incluso, la señora Beatriz, quien lleva años en el cuartico (al lado del salón del Hemiciclo) dónde se prepara el café y té para los parlamentarios, está reciclando los vasitos para servir, si con suerte le llega a través de donaciones el café y el azúcar.
Recientemente, Onapre comenzó a pagar al personal administrativo de la Asamblea Nacional, sin embargo, cientos de trabajadores, incluyendo a los propios diputados siguen sin percibir sueldo desde siete meses.
INTERVINO CONTRALORÍA
Arrancó el nuevo periodo legislativo 2017. Se juramentó la nueva directiva el 5 de enero y poco después la bancada del oficialismo se esfumó y mas nunca asistió al Palacio. Algunos diputados del partido de gobierno ahora son ministros y el resto no cobra por la AN. ¿De qué vivirán, tendrán otros sueldos?
El 20 enero el TSJ ordenó a la Onapre cancelar el pago salarial correspondiente al grupo de trabajadores de la AN que ejercieron una acción de amparo constitucional, en la que denunciaron la falta de remuneración de los mismos. Esta acción es extensiva “a todos los funcionarios (activos y jubilados), empleados, obreros y contratados, de la nómina existente a la presente fecha”, refiere el texto.
Luego, en una decisión del 13 de febrero, la Contraloría General de la República informa sobre la intervención de la sede administrativa de la AN, ubicada en Pajaritos en el centro de Caracas, según señala un documento público.
La resolución 0100000126, publicada en Gaceta Oficial 41095, de fecha 14 de febrero de 2017, indica que se interviene la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional (AN) por parte de la Contraloría General de la República, a través de una junta.
El documento expresa que la junta interventora, Contraloría General de la República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, «debe garantizar el correcto funcionamiento» del referido sistema.
El 20 de febrero la Asamblea Nacional denunció grave extralimitación de funciones del Contralor General de la República, al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna sin consulta previa con sus autoridades y evadiendo los concursos públicos para designar a la ciudadana Mayren del Carmen Ríos Díaz, como Auditora Interventora, ya que infringió los artículos 137 de la Constitución, 27, numeral 8, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, 57 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal y 7 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.
El 22 de febrero, el Contralor de la República, Dr, Manuel Galindo Ballesteros se pronunció sobre el desacato por parte de la junta directiva del Parlamento, y anunció la intervención a la sede administrativa de la Asamblea Nacional.
Galindo explicó que la Contraloría General de la República tiene competencia para intervenir todas las auditorias internas de los órganos de la administración pública.
Asimismo, aseveró que el día jueves o viernes (24 o 25 de febrero) procedería a publicar el cartel de notificación con el cual El Tribunal Supremo de Justicia tiene 48 horas continuas para tomar una decisión al respecto.
El 2 de marzo, El diputado Edgar Zambrano (AD-Lara), el consultor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús Casal, y el auditor interno designado por Diosdado Cabello en 2015 como encargado y quien ahora quiere su jubilación, Néstor Solórzano, introducen en la sala político administrativa del TSJ un recurso de nulidad en contra de los actos ejercidos por la Contraloría General. Hasta el momento de publicar este trabajo no había respuesta del ente al respecto.
PRESUPUESTO MOCHO
El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, diputado Alfonso Marquina, aseguró que la verdadera intención de esta acción por parte del Gobierno Nacional es impedir que el Parlamento pueda cumplir de manera autónoma con el ejercicio de sus funciones.
Marquina explicó que el proyecto de presupuesto realizado por la AN contemplaba 98 millardos de bolívares y solo se aprobaron 7 millardos, para cancelar tanto al personal administrativo y obrero. «Esto es insuficiente y no alcanza para pagar al personal durante todo el año» y menos con los aumentos de sueldo y cestatickets decretados por el Ejecutivo. “Lo más importante es que hayan recursos para cubrir los gastos de funcionamiento, papelería, internet, pagar los viáticos, los pasajes de los diputados, investigaciones parlamentarias. En definitiva, si no hay recursos no puede funcionar la AN”, expresó.
DATO
El pasado 7 de marzo (2017) un grupo de diputados italianos, visitó la Asamblea Nacional y su mayor sorpresa fue enterarse que sus colegas venezolanos dejaron de percibir sueldo.
El diputado Manlio Di Stefano, y los senadores Ornella Bertorotta y Vito Petrocelli, antes del encuentro visitaron el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde reposa el Acta de la Independencia. Todos son miembros del Movimiento 5 Estrellas (Movimiento 5 Stelle), principal opositor al Gobierno del Partido Demócrata.
Los parlamentarios italianos, antes de su visita a la AN, sostuvieron encuentros con representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y con la comunidad italiana en Caracas.
