España busca soluciones para resolver impago de pensionados venezolanos en ese país
EFE
El Gobierno español, preocupado por el impago de pensiones a venezolanos residentes en España, ha realizado «numerosas gestiones» para «urgir» a las autoridades de Venezuela a buscar una solución para esta situación.
En una carta del 20 de noviembre, conocida hoy y remitida a la eurodiputada liberal española Betriz Becerra, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, explica que trató este asunto el 13 de septiembre en Madrid con su colega venezolano, Jorge Arreaza, aparte de otras gestiones en este sentido tanto en España como en Venezuela.
Asegura que su departamento ha seguido la cuestión «de cerca» y se ha coordinado con el Ministerio de Empleo por tratarse de una cuestión ligada al cumplimiento del Convenio de Seguridad Social de 1988 entre ambos países.
En el caso de los españoles en Venezuela con derecho a una pensión española, el ministro asegura que las prestaciones no contributivas (que no cotizaron a la Seguridad Social) «ya se están pagando convenientemente» como resultado de las gestiones de la embajada de España en Caracas.
Aparte, al día de hoy «subsistirían las dificultades para el cobro en 69 casos de un total de 1.700 pensionistas contributivos que reciben su pensión en Venezuela«.
«En tanto no se resuelvan los problemas de impagos, continuaremos dándoles seguimiento y realizando las gestiones tendentes a su solución», concluye Dastis.
Becerra, que difundió la carta de Dastis, había preguntado al ministro por escrito sobre los «nueve mil pensionistas» que no reciben en España desde finales de 2015 el pago que les corresponde por derecho después de haber trabajado una vida en Venezuela.
También se interesaba por los pensionistas españoles residentes en Venezuela que han dejado de percibir su correspondiente pensión a través del Estado venezolano.
Éstos, explica Becerra, alegan que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha «retenido» sus pensiones, condenándolos a una situación «precaria a la vez que alarmante».
Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE).
