Espacio Público presenta informe sobre violaciones a libertad de prensa en 2016
Nota de prensa
La ONG Espacio Público presentó este jueves su informe anual sobre libertad de expresión e información en Venezuela durante el 2016. Aseguran que «las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país».
2016 es el segundo año con mayor cantidad de casos en 15 años de registro. «Desde hace dos años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los periodos con mayor incidencia de casos, 2014, 2016 y 2009, suman el 32% del total de situaciones registradas», indica el informe.
Los datos recopilados por Espacio Público evidencian que «entre enero y diciembre de 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se contaron 286. El total de casos/situaciones fue de 266, un 12% mayor que el periodo enero-diciembre del año pasado».
Creen que la agudización de la tensión política, con la suspensión de elecciones en octubre comprometió aun más la garantía del derecho a la libre expresión. «Cuando la polarización exacerba los límites institucionales, alimenta una mayor incidencia de escenarios violentos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. De allí que octubre se ubique como el mes con mayor cantidad de casos registrados, con un total de 43».
El 44% (119) de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio. Esto representa un total de 88 casos/situaciones que indican un aumento del 252% en relación al contexto de protesta del año anterior (25).
El impedimento de cobertura producto de la represión ejercida sobre las protestas por comida a inicios de junio en el centro de Caracas, elevó la incidencia de violaciones en el primer semestre del año. La demanda por venta regular de productos y el derecho a la alimentación se ubicó ente los principales motivos de protesta, después de las demandas laborales. Entre enero y octubre de 2016 se registraron 2999 manifestaciones, un aumento de 21% respecto al mismo periodo del año pasado.
A pesar de la que la Constitución Nacional contempla solo una prórroga del decreto de estado de emergencia por el mismo periodo inicial (60 días), el Ejecutivo Nacional extendió en cinco ocasiones consecutivas este decreto al que además le sumó la declaratoria de Estado de Excepción. «Estas medidas precarizan las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica como mecanismo legitimo de denuncia. En octubre, la represión superó en 46% el total de protestas reprimidas en el mismo periodo de 2015».
El desalojo de reporteros de las zonas de protesta y la exigencia ilegítima de permisos para la cobertura de hechos públicos «escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 123 ocurrencias. La agresión, por su parte se ubica en el tercer lugar de ocurrencia con 54 violaciones», manifiesta el documento.
Violencia física: Intimidación, agresión y ataque
El balance de 2016, manifiesta impedimentos en la cobertura, robo o confiscación de equipos, expulsión de espacios o instituciones públicas (intimidación); en agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; «y en ataques contra medios de comunicación en represalia por su línea editorial. Estas situaciones suman un total 187 violaciones a la libertad de expresión, lo que la ubica como la modalidad de violencia más frecuente».
La violencia discursiva (amenaza y hostigamiento verbal) contempló insultos, descalificaciones contra la prensa que la ubican como adversario político; amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. 67 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.
Deportaciones y trabas para la prensa extranjera
En un contexto de alta convulsión política, la prensa extrajera también ha sufrido las consecuencias de la censura para evitar su cobertura. El Gobierno a través de diversas instancias públicas impidió el trabajo de 17 comunicadores en dos meses.
«En agosto, la oposición convocó a una movilización masiva que se llamó La Toma de Caracas. La actividad generó una gran expectativa. En esa oportunidad 10 periodistas de medios internacionales resultaron afectados. El 28/08/2016 Kate Guerrero, de CNN en Español, debió abandonar el país porque autoridades aduanales retuvieron sus equipos y le pusieron como condición para ser devueltos que volviera al país de origen; el 29/08/2016 fueron cinco periodistas deportados, pertenecían al equipo de Al Jazeera; luego el 31/08/2016 John Otis (NPR), César Moreno (Radio Caracol) y María Eve (Le Monde) fueron deportados; Jim Wyss, del diario Miami Herald, fue expulsado del país», recuerdan.
Las deportaciones y expulsiones son ejecutadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y continuaron en el contexto de otra movilización masiva: La Toma de Venezuela. En esta oportunidad, impidieron la entrada a los periodistas Ricardo Burgos, Leonidas Chávez y Armando Muñoz, de la cadena mexicana Televisa y al fotógrafo Rodrigo Abad, de la agencia AP, lo retuvieron el 26 de octubre y luego le permitieron la entrada al país.
Los periodistas de Radio y Televisión Española (RTVE) y Washington Post, llegaron al país con la finalidad de hacer una cobertura especial del llamado a marchar al Palacio de Miraflores, entre otros eventos. En el caso de Ramos y Franco, de RTVE, se les permitió la entrada al país, tras 15 horas de esperar en la zona de tránsito, sin sus pasaportes ni equipaje y vigilados permanentemente. Partlow por su parte abandonó el país en el primer vuelo que salió a Miami, Estados Unidos, el día martes 1 de noviembre, a horas de aterrizar en el país.
Existe una política de acreditaciones que se aplica de forma discriminatoria al ser negadas respuestas oportunas o solicitar requisitos extraordinarios. «La existencia de una legislación no otorga legitimidad a estas restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, sobre todo cuando la regulación es interpretada parcialmente, alterada o incluso, omitida. Es una tergiversación burocrática del sistema de acreditación, ya que el Estado retarda o niega sin motivo -dentro de su propia lógica legal- un requisito que él mismo exige», cuestiona Espacio Público.
