Escándalos de Volkswagen y Flint revelan fallas ambientales en EEUU
AFP
Motores trucados y agua contaminada con plomo: los recientes escándalos de la compañía Volkswagen y la ciudad de Flint tienen poco en común, pero ambos revelan fallas en la protección ambiental en Estados Unidos.
Separados por algunos meses, estos casos de alto nivel tienen un mismo esquema: una violación grave de las leyes ambientales por debajo de los radares de las autoridades y fueron revelados por simples ciudadanos o una ONG.
Los cerca de 600.000 autos del grupo Volkswagen que circulan en Estados Unidos, muchos desde 2008, y que emiten hasta 40 veces más gases contaminantes que el nivel autorizado habrían quedado en las sombras sin la ONG Consejo Internacional para Transporte Limpio.
Fueron las pruebas que esta modesta ONG hizo las que convencieron a las autoridades estadounidenses de analizar el caso y revelar este escándalo de escala mundial en septiembre.
Más recientemente, una tempestad similar golpeó a las autoridades del estado norteño de Michigan, que proclamaron alto y fuerte que el agua potable en la ciudad de Flint no presentaba ningún peligro.
Esta vez fue una madre de familia quien destapó la verdad. LeeAnne Walters impulsó los análisis que revelaron una contaminación con plomo, conduciendo a decretar el estado de emergencia sanitaria en la ciudad, cercana a Detroit.
¿Libertad económica?
¿Cómo explicar tal manejo? Las miradas acusadoras cayeron sobre la agencia federal de protección ambiental (EPA), que analiza los autos y se asegura de la calidad del agua.
Esta agencia creada en 1970 por el presidente Richard Nixon intentó reparar el daño enviando a su representante en Michigan y mostrándose inflexible con Volkswagen. Pero sin poder responder a todas las dudas.
Según la rama estadounidense de la ONG Greenpeace, esto es consecuencia de los repetidos ataques contra la EPA, acusada por los republicanos de bloquear la libertad económica a nombre del medio ambiente.
«La agencia tiene mucho que hacer y tuvo que someterse a los recortes presupuestarios constantes», declara a la AFP Rick Hind, uno de los responsables de la organización ecologista. «Están condenados a apoyarse en los activistas y los grupos para estar informados de las violaciones».
Con el dominio de los republicanos en el Congreso, desde 2010 el presupuesto de la EPA ha sido reducido cerca de 20% a 8.100 millones de dólares, y sus funcionarios cayeron 11%, mientras sus misiones no paran de suspenderse.
Contactada por la AFP, la agencia federal no quiso hacer comentarios.
Otra falla podría explicarse por la repartición del trabajo en Estados Unidos. El respeto a ciertas leyes ambientales, entre ellas la del agua, recae en la práctica en los estados locales que no siempre están dispuestos a informar sobre estas violaciones.
«Muchos problemas se forman cuando las autoridades locales reportan información a nivel federal. Pueden tener retenciones o falta de seguimiento», afirma a la AFP el abogado Gregory DeGulis, especializado en medio ambiente.
Red de seguridad
La sociedad civil a veces debe tomar el relevo. En 1993, una simple asistente de un abogado, Erin Brokovich, reveló una gran contaminación del agua en una ciudad de California. La historia sobre su batalla legal llegó a la gran pantalla, encarnada por Julia Roberts.
En Estados Unidos, las principales leyes ambientales prevén expresamente la implicación de simples ciudadanos, concediéndoles el derecho de emprender acciones legales.
«Se trata de una red de seguridad esencial», asegura Robert Percival, profesor de derecho ambiental en la Universidad de Maryland. «Las agencias gubernamentales son la primera línea de defensa pero cuando fracasan, la sociedad civil interviene».
Este mecanismo parte de un hecho: el número de inspectores no podrá jamás igualar al de empresas por regular. «No es posible ni con presupuestos más generosos», sostiene Cary Coglianese, de la Universidad de Pensilvania. «El gobierno no puede estar en todos lados».
Pero la carga puede tornarse muy pesada para los ciudadanos de a pie, privados de medios técnicos y que deben afrontar la resistencia de parte de los organismos fiscalizadores a los que ellos tratan de alertar.
«Los reguladores lo toman a veces personalmente y ven eso como una crítica sobre la manera que en que hacen su trabajo», se lamenta Coglianese, apenado por esa falta de «humildad».
