Aparecen allí los nombres y fichas de trabajadores, estudiantes, manifestantes, policías, militares, transeúntes, motorizados, funcionarios, candidatos y ciudadanos comunes y corrientes, cuyas vidas fueron arrebatadas a sus familias y a la Patria toda.
En 2017 los venezolanos lograron despejar el camino y pusieron freno a aquella macabra espiral de violencia mediante su voto heroico.
Hoy la Nación enfrenta nuevos desafíos –también complejos- y da pasos concretos para fortalecer las instituciones llamadas a garantizar la convivencia democrática entre los venezolanos.
Evitar que las actuales y futuras generaciones se enfrenten a escenarios como el del 2017 es el mejor homenaje a las víctimas de aquellos hechos.
A las familias de las víctimas, a todas, de uno y otro bando político, y a las que no pertenecían a ninguno, vaya como siempre mi palabra de solidaridad. A las que haya podido añadir dolor con el tratamiento público de casos policiales o judiciales vinculados a sus familiares, mis disculpas.
En el caso de Juan Pablo Pernalete ventilé públicamente una hipótesis que no es de mi autoría: previamente había sido publicada por el diario Últimas Noticias citando fuentes del Poder Judicial y del Ministerio Público y que, como todas las sometidas a investigación criminalística, no debía ser excluida de la cobertura noticiosa de aquellos acontecimientos en desarrollo, como estaba ocurriendo para el momento en que me reuní junto a la entonces canciller Delcy Rodríguez con un grupo de corresponsales extranjeros para abordar el tratamiento mediático a la violencia política en Venezuela, en fecha 29/04/2017.
No fue sino 28 días después cuando la entonces titular del Ministerio Público se dirigió al país para informar que su despacho tenía el propósito de imputar a un grupo de efectivos de la GNB por este crimen, y así fue recogido, por instrucciones mías, en el informe de la investigación periodística desarrollada desde el MIPPCI.
Complace escuchar al actual Fiscal General que aquella manifiesta intención de su predecesora se materializó en imputaciones concretas. Esperemos ahora que el juicio avance en tribunales hasta el esclarecimiento definitivo del caso, con la individualización de responsabilidades, como mandata la ley.
Hago votos porque así sea con esa y todas las causas pendientes del año 2017. La Justicia no devolverá a esos venezolanos a la vida, pero aproximará el consuelo a sus familias y servirá para disuadir a quienes puedan verse tentados a retomar los caminos de la violencia.
De estas causas pendientes debo mencionar especialmente la de Almelina Carrillo, fallecida tras recibir el impacto de una botella lanzada desde lo alto de un edificio en La Candelaria el 19/04/2017.
Sobre este caso, en mi antigua condición de Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, encargué al cineasta Jorge Solé la realización de un documental que recogió las incidencias y el aparente esclarecimiento del horrendo crimen. La investigación desarrollada por el documentalista, apoyado por un equipo de científicos venezolanos, logró determinar que la persona imputada y acusada en su momento por el Ministerio Público tras este homicidio no fue el autor del delito. Tengo la satisfacción de haber contribuido, mediante esta iniciativa documental, a poner fin a un encarcelamiento injusto, y hago votos porque la determinación y captura del verdadero autor del crimen pueda lograrse cuanto antes.
La Justicia es el camino.
Ernesto Villegas Poljak
03/05/2021
