Episcopado de Nicaragua analizará su permanencia en el diálogo nacional
Fuente: EFE
El Episcopado de Nicaragua se reunirá mañana lunes en Managua para analizar su permanencia en el diálogo nacional para resolver la crisis local, luego de que el presidente Daniel Ortega los acusó de pertenecer a un plan para darle un golpe de Estado.
«Mañana va a ser uno de los temas que vamos a abordar», dijo el cardenal Leopoldo Brenes, al ser consultado por periodistas sobre su permanencia en el diálogo.
El jueves pasado, durante la celebración del aniversario 39 de la revolución de Nicaragua, Ortega afirmó que los obispos «se descalificaron como mediadores y testigos» del diálogo, al pedirle que adelantara para marzo de 2019 las elecciones de 2021, como la manera más eficaz de superar una crisis que ha dejado entre 277 y 351 muertos en manifestaciones contra el presidente.
El mismo Ortega había invitado a los obispos a ser mediadores al diálogo entre el Gobierno y diversos sectores de la sociedad nicaragüense en mayo pasado.
Al ser consultado si se mantenían como mediadores, el cardenal respondió que «pienso que sí, porque oficialmente, a través de una carta, no se nos ha dicho lo contrario».
En los últimos meses los templos católicos y el clero han sufrido agresiones físicas y verbales, así como amenazas, nunca antes vistas en Nicaragua, un país donde el 58,8 por ciento de la población se considera católica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de Ortega de graves violaciones de los derechos humanos.
La CIDH ha denunciado «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Nicaragua está sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
