ENTREVISTA | El Supremo venezolano «en el exilio» trabaja habitualmente en la OEA
EFE
El Tribunal Supremo venezolano paralelo al oficial, autodenominado «en el exilio», celebra sesiones de trabajo de manera habitual en el Salón Miranda de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Así lo explicó este miércoles en una entrevista con Efe su presidente, Miguel Ángel Martín, tras ser preguntado por si habían vuelto a la OEA después de su controvertida configuración como Tribunal Supremo el 13 de octubre en el ilustre Salón de las Américas del organismo.
«Yo estuve ayer en la OEA, hoy regreso toda la tarde, tengo varias reuniones allí», dijo Martín, para precisar que les han «autorizado» el uso del Salón Miranda de la sede del organismo para «sesionar» cuando así lo decidan.
El magistrado describió el acuerdo para el uso de esa sala como un «préstamo» y aseguró que no pagan nada a la OEA a cambio.
En la ceremonia del día 13, el propio Martín explicó a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, que la «sede» del Tribunal no sería la OEA sino «una oficina privada» en la capital estadounidense.
Preguntado hoy por esa oficina, el magistrado se limitó a decir que están «haciendo ese trámite», sin ofrecer más información al respecto.
Martín celebró que, como se evidenció en el acto de «instalación» del Supremo en la OEA, cuentan con «el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de todo su equipo de trabajo».
Respecto a los recelos que ha suscitado entre los países miembros que este poder paralelo al oficial en Venezuela utilice las instalaciones del organismo, Martín trató de restarle importancia y destacó el «importante respaldo» que han recibido de Almagro y su equipo, y la «preocupación» por Venezuela que le han trasladado algunos embajadores.
«La relación con la OEA a través de Almagro es una relación entre demócratas y lo celebramos», apuntó.
En el evento del día 13, al que no acudió ningún embajador de la OEA, Almagro dijo que este Tribunal tenía la tarea «de dar sentido a la Justicia nuevamente» en Venezuela porque el Supremo oficial de Caracas «está deslegitimado por sus acciones contra la democracia, sus abusos y arbitrariedad contra el Estado de derecho y los derechos humanos».
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó en julio a 33 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la idea de que reemplacen a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que están al servicio del Gobierno y que fueron nombrados con graves irregularidades.
Los jueces designados por la oposición llevan desde entonces ya más de tres meses perseguidos por la Justicia, refugiándose en embajadas en Caracas, exiliándose en otros países y uno de ellos con medidas cautelares en Venezuela.
A día de hoy, según explicó Martín a Efe, hay varios con «asilo político» en Panamá (cuatro), Colombia (ocho) y Chile (seis), mientras que el resto han «iniciado» el proceso de petición de asilo y están en varias ciudades de Estados Unidos: Chicago, Washington y un grupo numeroso en Miami.
Preguntado por cómo se financian las actividades de este Supremo «en el exilio», disgregado en varios países y con reuniones físicas en distintos lugares, Martín explicó que es tanto con «recursos propios» de los juristas como con «dinero de fundaciones amigas que hacen vida en Estados Unidos».
El magistrado no quiso dar los nombres de estas organizaciones, «porque son muy celosos con ese tipo de cosas», pero sí precisó que se trata de «fundaciones norteamericanas» y que «una europea» les ayudó para un viaje a Bruselas y Madrid.
Lo que sí aclaró tajantemente es que todos los magistrados subsisten «con recursos propios».
Sobre el funcionamiento logístico del tribunal, explicó que hacen reuniones todos juntos muy seguido gracias a aplicaciones de comunicación como Skype, y que reciben solicitudes a través de una cuenta de correo electrónico y una página web en la que aún están trabajando.
El pasado 25 de octubre, la Sala Constitucional de este Supremo emitió su primer fallo en Miami para declarar la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tras una denuncia de inconstitucionalidad planteada por los políticos Diego Arria, María Corina Machado, Antonio José Ledezma y Cecilia Sosa en relación con la creación de la ANC y los actos emanados de ella.
Aunque la sede central del Supremo estará en Washington, será habitual que se den a conocer los distintos fallos desde los diferentes países y ciudades en los que residen los magistrados, adelantó Martín.
