Entregan a justicia de paz informe sobre despojo de tierras en Colombia
EFE
Al menos 33 empresas, entre ellas Argos (Fiducor S.A.), Bancolombia, y la estatal Ecopetrol, adquirieron tierras, obtuvieron concesión de títulos mineros o hipotecas sobre predios de víctimas del conflicto armado colombiano.
Así lo aseguran dos informes entregados hoy a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por la Fundación Forjando Futuros, que presta apoyo jurídico a reclamantes de tierras en Colombia.
En los informes «Desplazamiento, Abandono Forzado y Despojo de Tierras en Colombia» y «Empresas, Desplazamiento y Despojo de tierras en Colombia» se desgranan los patrones de despojo que se presentaron en nueve departamentos de los 32 que conforman Colombia.
El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, dijo a Efe que el elemento común de las 46 sentencias que relacionan a estas empresas es el desplazamiento forzado que fue denunciado por las víctimas y reconocido por los jueces.
Explicó que los documentos entregados a la JEP están respaldados por las sentencias de los jueces y magistrados de restitución de tierras.
En estas «se prueba» que en los lugares que esas 33 compañías desarrollaban sus «actividades comerciales había desplazamiento, masacres, homicidios, secuestros y, de manera simultánea o posterior a ello, la transferencia de los bienes a esas empresas».
Señaló que por ejemplo que Argos (Fiducor S.A.) tiene en su contra cinco sentencias en casos ocurridos en los Montes de María (norte de Colombia), mientras que Bancolombia (conglomerado bancario) «prestaba dinero a quienes compraban tierras que habían sido violentadas».
Las sentencias contra Bancolombia son dos por casos ocurridos en en las poblaciones de Valencia y Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba (norte).
Vega añadió que en el caso de la petrolera estatal Ecopetrol, la compañía, «sin el cuidado suficiente, hacía acuerdos para pagarles regalías» a quienes ocupaban las tierras luego de que sus propietarios eran despojados.
«Eso ocurrió en Acacías, en el departamento del Meta», detalló Vega.
Explicó que en los informes que entregó a la JEP para que investiguen los hechos en los que aparecen nombres como el del exsenador Otto Bula, condenado por el escándalo de las coimas que pagó la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia para que le adjudicaran contratos de obras.
También aparecen otros nombres como los de algunos familiares del asesinado líder paramilitar Carlos Castaño.
Vega lamentó que pese a que hay sentencia de jueces y magistrados de tierras que han enviado copia de sus fallos a la Fiscalía para que investigue los delitos cometidos «no se ha abierto ninguna investigación porque ellos no investigan esa parte».
Recordó que los «magistrados de restitución de tierras determinaron (en sus sentencias) que ninguna de las empresas acreditó la buena fe exenta de culpa, ordenándoles restituir las tierras que fueron declaradas como despojadas».
«Para nosotros la JEP significa una esperanza de recuperar la legitimidad de la justicia y por eso estamos aquí para que haya justicia», concluyó Vega
La JEP es un mecanismo de justicia transitoria que se creó exclusivamente para conocer y juzgar las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho humanitario perpetradas por las FARC y agentes del Estado durante el conflicto armado.
Este sistema, que funcionará durante 15 años como mínimo, se considera una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla, y prioriza reconocer la verdad y restaurar a las víctimas.
