Enrique Márquez rechaza la «violencia» contra María Corina Machado
EFE
El candidato presidencial opositor Enrique Márquez rechazó este jueves el atentado contra la líder antichavista María Corina Machado que, según denunció ella, consistió en el corte de frenos de los vehículos en los que se traslada por Venezuela, para los actos de campaña a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia.
«Rechazamos la violencia de la cual ha sido víctima María Corina Machado, su entorno y los distintos factores que están en el ejercicio democrático de la política», expresó en X Márquez, que competirá en los comicios del 28 de julio contra nueve contendientes, entre ellos González Urrutia y el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Sin señalar culpables, Machado explicó, a través de X, que «agentes del régimen» siguieron a su caravana desde el estado Portuguesa (centro), donde había encabezado una actividad de campaña en apoyo al candidato de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y «rodearon la urbanización» donde pernoctaron ella y su equipo.
Al respecto, Márquez remarcó que el Estado «debe apegarse a la Constitución y garantizar la seguridad de todos los venezolanos más allá de sus posiciones políticas».
Hasta ahora, el exdiputado es el único de los ocho candidatos opositores que no forman parte de la PUD en condenar estos hechos.
Machado mostró, en un video que acompañó su mensaje en la red social, cómo quedaron los vehículos después del ataque, en el que, además del corte de frenos de uno de los automóviles, fue vaciado el aceite del motor de otro, y ambos bañados con pintura blanca.
«Esto está pasando aquí, hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio, pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad, Milciades Ávila», dijo la exdiputada.
Los hechos se produjeron en el interior de una urbanización privada donde pernoctó Machado junto a las personas que la acompañan durante la campaña, que no se suelen hospedar en establecimientos públicos, para evitar consecuencias a sus propietarios, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, con cierres temporales o sanciones económicas, bajo el argumento de falta de documentación, registros o impago de impuestos.
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