Endurecimiento de sanciones afectaría hasta el 50 % de la oferta de divisas
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Las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos a Venezuela, que se reanudaron en abril, están siendo aplicadas con un enfoque más flexible que permite a empresas extranjeras operar en el país, aunque con restricciones y una incertidumbre sobre las futuras acciones de Washington ante la crisis provocada por la controvertida reelección de Nicolás Maduro, según indican los expertos.
Hasta hace un año, Venezuela enfrentaba un régimen de sanciones estrictas, que se relajó el 18 de octubre de 2023 como un incentivo para la celebración de elecciones presidenciales libres y competitivas. Sin embargo, una vez que se cumplió el plazo de seis meses fijado por Estados Unidos, el alivio se revirtió en parte al considerar que Maduro no cumplió con su compromiso.
Desde entonces, como explicó el economista Luis Oliveros a EFE, se ha establecido un sistema de licencias individuales, donde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) evalúa las solicitudes para operar en Venezuela, pero siempre con restricciones y un grado de incertidumbre, ya que estas autorizaciones son revisadas mensualmente y pueden ser suspendidas. «Dependiendo de la situación en Venezuela, pueden decidir cancelar la licencia a Chevron, por ejemplo», añadió.
En el último año, Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo, ha incrementado su cooperación internacional en el sector energético, firmando acuerdos con empresas como Repsol y Maurel & Prom, las cuales recibieron licencias de Estados Unidos en mayo.
Oliveros mencionó que estas empresas extranjeras son responsables del aumento en la producción petrolera de Venezuela, que creció de 786,000 barriles por día (bpd) a 927,000 bpd entre octubre de 2023 y agosto pasado, lo que representa un incremento del 17.9 %, según datos oficiales de la OPEP. De esta producción, dos tercios provienen de empresas mixtas con participación de transnacionales, incluida Chevron, que aporta alrededor de 230,000 bpd.
Estas compañías también generan actividad económica, empleo, tecnología y acceso al mercado, aspectos que son fundamentales para la industria petrolera. Por lo tanto, Oliveros considera que suspender estas licencias sería una decisión negativa para Venezuela.
En el peor de los escenarios, el economista advierte que un regreso a sanciones estrictas no solo dificultaría el mantenimiento de la producción actual, sino que también significaría la pérdida de acceso a los mercados europeos y norteamericanos, donde puede vender crudo sin los descuentos que debía aplicar en Asia antes de las flexibilizaciones. Esto resultaría en un grave problema de flujo de caja, afectando la estabilidad cambiaria y, en consecuencia, la inflación, que depende en gran medida de los ingresos petroleros.
Los expertos señalan que las autoridades han logrado reducir la inflación, que cayó 0.6 puntos hasta el 0.8 % en septiembre, gracias a una política orientada a estabilizar el precio del dólar, utilizado como moneda de referencia en el país, mediante una venta agresiva de divisas, la mayoría de las cuales provienen de los ingresos petroleros. Oliveros mencionó que las empresas transnacionales petroleras representan entre el 40 y el 50 % del total de divisas comercializadas en el sistema cambiario nacional.
Aunque «es ilógico pensar que Venezuela resolverá el problema energético mundial», en el contexto actual, con los riesgos de una escalada del conflicto en Medio Oriente y la continuación de la invasión de Rusia a Ucrania, cada barril que se pueda vender en el mercado representa «un barril menos del que el mundo tiene que preocuparse», agregó.
El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, comentó recientemente que el país busca «activamente la estabilidad y el equilibrio energético mundial, mediante la unidad y la armonización de criterios compartidos». Destacó la alianza con Repsol, que sigue fortaleciéndose a través de acuerdos y proyectos valiosos, después de una reunión con representantes de la multinacional, pocos días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, propusiera romper «todas las relaciones» con España.
Con información de Banca y Negocios
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