En libertad cuñada del presidente de Perú
EFE
El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha tomado «con bastante satisfacción» la decisión de la Corte Superior Nacional de Justicia de revocar la orden de 30 meses de prisión preventiva dictada contra su cuñada Yenifer Paredes por un presunto caso de corrupción, informó su abogado, Benji Espinoza.
El abogado declaró al Canal N de televisión que el mandatario y su esposa, Lilia Paredes, ven «con bastante satisfacción» que «cuando el juez, al resolver, abraza una motivación jurídica, legal, constitucional y convencional da tranquilidad a todos».
Espinoza dijo que es probable que Paredes abandone la prisión de mujeres de Lima este martes, después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumpla con una serie de trámites legales.
Opinó que la decisión tomada por el tribunal es «jurídicamente correcta» y consideró que «es importante» que los jueces de su país «establezcan la excepcionalidad de la prisión preventiva», como un último recurso durante el proceso de investigación.
«Este podría ser un llamado de atención de que no puede tomarse la prisión preventiva como una medida cotidiana (…) La excepcionalidad de la prisión preventiva le hace bien al sistema de justicia», remarcó.
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró este lunes, por mayoría, fundado el recurso de apelación interpuesto por Paredes para revertir la resolución por la que un primer juez aceptó la petición de la Fiscalía de someterla a 30 meses de prisión preventiva y que la llevó a permanecer bajo arresto desde el 31 de agosto pasado.
Paredes está siendo investigada por integrar presuntamente una organización criminal que, según el Ministerio Público, lidera Castillo y que tiene el fin, supuestamente, de entregar licitaciones fraudulentas de obras públicas a cambio de dinero.
La sala determinó que Paredes seguirá afrontando el proceso bajo comparecencia con restricciones, aunque confirmó por unanimidad la resolución que impuso prisión preventiva contra José Nenil Medina, el alcalde de la norteña localidad de Anguía, quien también está siendo investigado por este caso.
La Fiscalía sostiene que Paredes fue la «testaferro» de la presunta red corrupta en el Ejecutivo, al supuestamente coordinar la adjudicación de obras públicas en Cajamarca, la región oriunda de la familia presidencial, con el empresario Hugo Espino.
La cuñada del presidente ha admitido que trabajó para la empresa de Espino, que en septiembre de 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares), pero niega haber tenido injerencia en los contratos de la compañía.
La Fiscalía afirma que a Paredes se le podría imponer una pena de 23 años de cárcel, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
Añade que en esta supuesta red corrupta también está implicada la primera dama, quien según la Fiscalía es la «coordinadora» de la organización, además de varios exministros del Gobierno de Castillo, quien también afronta una denuncia constitucional en el Congreso.
El gobernante niega las acusaciones de corrupción y acusa a un sector de la oposición política, del Poder Judicial y de la prensa de ejercer un «complot» en su contra para sacarlo del poder mediante una «nueva modalidad de golpe de Estado».
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