Empresarios piden créditos para pagar ellos la nómina, no Maduro

Tal Cual

Este domingo 22 de marzo, y en atención a un anuncio hecho el pasado 18 de marzo, Nicolás Maduro ratificó que el gobierno pagará las nóminas de las pequeñas y medianas empresas para hacer frente al impacto que causará el coronavirus en la ya muy maltrecha y apocada economía venezolana.

Es más, a diferencia de lo anunciado cuatro días atrás, Maduro afirmó que el Estado asumirá no solo el pago a los trabajadores de las pymes sino de todo el sector privado. “Los trabajadores de sector privado recibirán pago de nómina garantizado por 6 meses”, dijo el mandatario, sin precisar cuánto del sueldo será cancelado.

Pero entre las medidas económicas de estímulo planteadas por economistas y dirigentes gremiales para tratar de reducir los riesgos de la cuarentena ordenada por Maduro, que tiene paralizada buena parte del aparato productivo del país, no hay ninguna que pida al Estado asumir los gastos operacionales de las pymes.

Lo que realmente solicitan los empresarios es que el Ejecutivo reduzca el encaje legal para que puedan acceder a financiamiento bancario y sean ellos mismos los que paguen los salarios que venían abonando a sus trabajadores, muy por encima de los tres dólares que al cambio deposita el Estado a empleados públicos.

“Nosotros no pagamos ni cerca de lo que es el salario mínimo, asumiendo que él va a pagar el equivalente al salario mínimo. En la industria estamos pagando entre 40 y 50 dólares al mes, aproximadamente. Lo que requerimos es netamente lo que requiere cualquier industria en cualquier país normal. ¿Qué es lo normal? Que yo vaya al banco y pida el crédito bancario que necesite para pagarle a mis trabajadores. Para nosotros es fundamental que haya una disminución del encaje”, asegura Luigi Pisella, presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal).

Según dijo Maduro en enero de 2020, en Venezuela están operativas unas 14.500 pymes. De acuerdo con los cálculos y tomando en cuenta que hoy los trabajadores de las pymes privadas cobran en promedio 45 dólares mensuales, Maduro tendría que ‘bajarse de la mula’ cada mes con la friolera de 97,8 millones de dólares, o 7.000 millones de bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el BCV el jueves 19 de marzo (Bs. 72.260 por dólar).

La cifra no es poca cosa para un Estado prácticamente en bancarrota tras la caída abrupta de la producción petrolera (que bajó de 3,5 millones de barriles a unos 750.000 barriles en los últimos 15 años) y de los precios del crudo (que bajaron hasta los mínimos históricos desde 1991), imposibilitado para siquiera comprar insumos necesarios para el despistaje y prevención de la pandemia.

Solicitudes

La industria nacional, que hoy opera a solo 20% de su capacidad instalada, pide al gobierno poder tener acceso a créditos no solo para pagar nóminas sino también para sufragar otros gastos como el mantenimiento de la infraestructura, los impuestos (que aumentaron luego del ajuste de la unidad tributaria) y el pago de los servicios públicos, los cuales muchas empresas han tenido que proveérselas ellas mismas dado el ineficiente suministro por parte del Estado.

En una misiva dirigida a la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, Conindustria, gremio que representa a más de 80% de la industria manufacturera venezolana, solicita “urgentemente un financiamiento, con tasas y condiciones preferenciales y propias de las circunstancias, para la adquisición, tanto en el ámbito nacional como internacional, de insumos y materia prima, así como para aquello que sea necesario para el procesamiento oportuno del producto final, y en la cantidad requerida”.

El gobierno ha limitado la capacidad de la banca para otorgar créditos con la implementación del encaje legal. En febrero de 2019 el gobierno elevó de 60% a 100%, medida que ha causado un problema serio de parálisis de la actividad económica y la principal causa, además del colapso del sistema eléctrico nacional, de que el PIB se contrajera 39,6% en 2019, según el Índice de Actividad Económica de la Asamblea Nacional (AN).

En la carta, el gremio industrial también solicita al gobierno otras medidas como flexibilizar los plazos para la declaración y pago del IVA e incorporar exoneraciones de hasta un año o reducciones de impuestos para sectores más afectados; no aplicar las sanciones tributarias por un período de tiempo prudente y hasta que las circunstancias le garanticen a los contribuyentes la posibilidad de cumplir oportuna y correctamente; y garantizar el suministro de combustible.

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