Empresarios denunciados por caso Odebrecht son recluidos en penal de Lima
EFE
Los cuatro empresarios peruanos denunciados por los sobornos de la brasileña Odebrecht fueron recluidos en el penal Ancón I para cumplir con la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
La Junta Clasificatoria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió que José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, de la firma Graña y Montero; Fernando Camet Piccone, de la empresa JJCamet; y Fernando Castillo Dibós, de la compañía ICCGSA, cumplan la detención en el régimen cerrado especial en el penal Ancón I, a unos 100 kilómetros al norte de Lima.
El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra los cuatro empresarios peruanos y contra Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero, que cumplirá la detención en una clínica de Lima, después de que su abogado afirmara que padece de cáncer.
En su resolución, Concepción Carhuancho consideró que los empresarios habrían coordinado de manera «subrepticia» con Odebrecht para entregar sobornos y adjudicarse los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Añadió que se habrían presentado «pactos por debajo de la mesa», para «reembolsar» a Odebrecht parte del dinero de un presunto soborno entregado a Toledo.
El juez señaló que en este caso había evidencias de la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos, con acusaciones que implican posibles condenas de 6 a 11 años de cárcel.
Durante la audiencia judicial, que se desarrolló desde la tarde del domingo y cuya parte resolutiva comenzó pasadas las 03.00 horas de (08.00 GMT), el fiscal anticorrupción Hamilton Castro aseguró que, con su decisión, el juez demostraría si la ley en Perú es igual para todos.
Castro explicó que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica cedieron parte de sus utilidades a Odebrecht como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que supuestamente entregó a Toledo.
«Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego», afirmó el fiscal antes de agregar que «se ha determinado con pericias contables que estas empresas cedieron más de 41 millones de soles de sus utilidades bajo la facha de riesgos adicionales».
«Eso equivale a 15 millones de dólares», enfatizó.
Castro recordó que el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró haber tenido los primeros contactos con allegados a Toledo en 2004 y que al año siguiente se dio inicio al pago del soborno, en varios tramos, después de la adjudicación de la obra.
Durante la audiencia, los abogados de los empresarios entregaron pasaportes, documentos personales y otro tipo de documentación a la sala para intentar demostrar que sus defendidos no tenían intención de fuga y que colaborarían en las investigaciones.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos de Toledo, con orden de captura por presuntamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.
