Embargo de Citgo no es inminente pero sí probable
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Ante la Corte del Distrito de Delaware, en Estados Unidos, reposa una demanda presentada por extrabajadores de Pdvsa, quienes alegan haber sufrido daños por la política de persecución iniciada en su contra por el Gobierno de Venezuela. El objetivo final es lograr una sentencia que condene a Venezuela al pago de la reparación debida por la violación de sus derechos, aprovechando el proceso de subasta de las acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holding.
Esta demanda, sin embargo, en lugar de servir para la justicia, memoria y reparación, está siendo usada en una estrategia política que comenzó hace cinco años, y que solo ha complicado más la situación de Citgo.
La demanda de los extrabajadores: una causa justa por medios errados
Antes he explicado que los extrabajadores de Pdvsa despedidos masivamente, son víctimas de violaciones de derechos humanos y tienen derecho a una reparación integral. En tanto víctimas, y de acuerdo con el Derecho Internacional, sus reclamaciones deberían tener un lugar preferente en la deuda pública externa de Venezuela. Pero hasta ahora, y como ha sucedido en general con todas las víctimas, este derecho de reparación no ha sido honrado.
Lamentablemente, lo que ha debido ser una reclamación de derechos humanos, ha terminado en un enredado caso judicial en el cual se ha usado, con fines políticos, el reclamo de las víctimas.
En efecto, hace cinco años, los mismos que ahora pretenden defender los derechos de los extrabajadores de Pdvsa, me acusaron públicamente de haber “prevaricado”, pues a pesar de haber actuado como testigo en uno de los casos de Crystallex, luego me desempeñé como Procurador Especial. Según esta explicación, yo “inventé la tesis del alter ego”.
Desde el primer momento en que estos señalamientos se hicieron públicos, procedí a desmentirlos en una entrevista. También publiqué un libro, en el que aporté todos los detalles. Los hechos, en resumen, son los siguientes:
En abril de 2017, presenté un informe experto independiente de Derecho Venezolano, en la demanda intentada por Crystallex en contra de Pdvsa y Venezuela. En noviembre de ese año presenté un segundo reporte. Esas declaraciones son públicas (cualquiera puede leerlas en el expediente del caso). El primer reporte, de hecho, ha circulado en el ámbito académico. Aquí, por ejemplo, puede leerse una copia.
Mi reporte explicó, desde el Derecho de Venezuela, por qué la autonomía de Pdvsa había sido violada a partir del 2002. Para ello me basé en mi obra escrita, especialmente, el libro publicado en 2016 por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
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