Embajada EE.UU. advierte de negociar con sancionados de Venezuela en Nicaragua
EFE
La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua advirtió este jueves a sus ciudadanos en este país de no establecer negocios o relaciones con funcionarios venezolanos sancionados por el Gobierno del país norteamericano.
«Las personas estadounidenses no pueden, por ejemplo, celebrar contratos con individuos bloqueados», dijo en rueda de prensa el consejero económico de la embajada de EE.UU en Managua, William Muntean.
«Los estadounidenses deben de ser cautelosos en sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, con PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A) y las empresas y entidades involucradas con las dos (Gobierno y PDVSA)», precisó el diplomático.
Asimismo, aconsejó a los estadounidenses que residen en Nicaragua a que estén pendientes de «todas las transacciones con Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa)», que es una empresa mixta que pertenece a PDVSA y a la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic).
Además, les pidió que «se aseguren» de que están cumpliendo los reglamentos que dispone la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (Ofac), para los norteamericanos en el país.
El pasado mes de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones financieras a Venezuela y que afectan también a la petrolera estatal PDVSA.
A inicios de ese mismo mes, EE.UU. anunció la última lista de sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos, Adán Chávez, un hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que considera «ilegítima».
A partir de la elección de la ANC el 30 de julio, con el rechazo de la oposición, Estados Unidos dio el paso de denominar «dictadura» a Venezuela.
EE.UU. ha mantenido que las sanciones seguirán hasta que Venezuela vea «restaurada» su democracia, pero hasta ahora el Tesoro estadounidense no ha aplicado sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana, como la prohibición a la importación de crudo.
