Elecciones a la venezolana: Partidos opositores con candidatos domesticados
EFE
Venezuela ya ha programado para el próximo 6 de diciembre unos comicios legislativos, para muchos votaciones pero no elecciones, que supondrán una paradoja enorme: no contará con el bloque opositor, para el que todo es una farsa, pero sí con las siglas y colores de unos partidos que han sido arrebatados judicialmente a sus líderes.
Mientras el chavismo alardea de la capacidad de organizar unas elecciones, un mantra con el que busca desmontar las acusaciones de la oposición que presenta a Venezuela como una dictadura, los detractores del Gobierno denuncian que el árbitro electoral no es imparcial, que la justicia también dejó de serlo y que, por tanto, las condiciones para acudir a unas elecciones no existen.
En el panorama, y más allá de las posiciones de cada una de las partes, pesa mucho qué decisión tomará la comunidad internacional, pues su rol fue clave al negar la legitimidad de las presidenciales de 2018 en las que fue reelegido Nicolás Maduro. Ese panorama, abrió la puerta al reconocimiento de Juan Guaidó como mandatario interino, el mayor pulso hasta el momento de la oposición.
Estas son algunas claves del panorama venezolano frente a las legislativas:
1.- PARTIDOS SÍ, LÍDERES NO
La diputada opositora Delsa Solórzano lo dejó claro este mismo lunes: «La dictadura no se viste solo de rojo, ha pretendido, con la compra de voluntades, ponerse una camisa blanca chimba (falsa), una camisa amarilla chimba también».
Se refiere a la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha arrebatado a los principales partidos sus liderazgos y se los ha entregado a militantes que fueron expulsados, acusados de aceptar sobornos del chavismo por sus excompañeros y menos críticos con el Gobierno.
De este modo, ahora los dirigentes del Primero Justicia -los amarillos de Henrique Capriles-, Acción Democrática -la socialdemocracia de camisas blancas- y Voluntad Popular -el partido naranja que encabeza Leopoldo López- ya no son dirigidos por los líderes que fueron escogidos por las instituciones del partido, sino por el Supremo.
La decisión podría expandirse a los también socialdemócratas de Un Nuevo Tiempo, que forma junto a los tres partidos anteriores el G4, el grupo alrededor del que pivota buena parte de la estrategia opositora y que ha encabezado la decisión de no acudir a las elecciones.
Ahora, los líderes han sido escogidos por el TSJ y, por tanto, sus colores, sus siglas y sus nombres estarán en la tarjeta electoral del 6 de diciembre pero no bajo el liderazgo de los dirigentes opositores destacados, quienes han decidido no acudir a las elecciones.
Es decir, quienes acudan a los centros de votación podrán optar, teóricamente, por un partido de oposición que ya no está encabezado por opositores, sino por nombres elegidos a dedo por los poderes del Estado.
Por eso, para Solórzano, como para muchos detractores del Gobierno, el chavismo ya no se viste de rojo, el color tradicional que portan sus simpatizantes en camisetas y banderas y ahora «se disfrazan, en un teatro chimbo, con disfraces baratos».
2.- LAS CONDICIONES QUE RECLAMAN
La oposición ha dejado claro, y ha sido el centro de su reclamación, que para poder acudir a las elecciones hacen falta unas condiciones de igualdad que generen confianza y, de ese modo, saber que la voluntad popular será respaldada.
Esa petición -consideran- se resquebraja con el actual Supremo al que denominan en «TSJ de Maduro» en el comunicado en que anunciaron que no acudirán a las elecciones o al que Guaidó califica como «brazo jurídico de la dictadura».
El TSJ, cuyos magistrados son acusados de ser afines al chavismo y algunos fueron designados en un procedimiento exprés días antes de que la oposición tomará el control de la cámara, ha sido el que ha elegido a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), una labor que la ley encomienda a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde hay una clara mayoría opositora.
Sin embargo, el TSJ consideró que la AN había hecho omisión de esa responsabilidad y nombró a los magistrados del CNE, poniendo al frente a Indira Alfonzo, vicepresidenta del Supremo y sancionada por Canadá por haber dado luz verde a las elecciones presidenciales del 2018.
3.- MÁS ESCAÑOS, MENOS DISCREPANCIA
En un alarde de generosidad democrática, el CNE decidió incrementar en 110 el número de diputados que ocuparán los curules en el próximo período legislativo, pasando así de 167 a 277, un sorpresivo gesto que amplía el poder del chavismo y sus afines, al quedar aniquilados los opositores incómodos.
Según Afonzo, el incremento del 66 % en la cifra de legisladores en el hemiciclo supone un «desarrollo normativo claro e inequívoco» para el período 2021-2026 de la Asamblea Nacional, afirmación frontalmente rechazada en las filas opositoras y en grupos perjudicados directamente, como las 44 etnias indígenas, con una reforma contrarreloj.
Y son, precisamente, los indígenas los otros perjudicados por la apresurada modificación, que los deja con sus derechos mermados, al eliminar la elección directa de representantes de dichas etnias y poner en manos de asambleas y delegados comunitarios la designación de los tres escaños que les corresponden.
4.- ¿VENEZUELA CAMINO A LA CUBANIZACIÓN?
La estrategia puesta en marcha deja sin opciones de voto a los venezolanos antichavistas declarados, que miran hacia Cuba y al unipartidismo que rige en la isla caribeña como antesala de lo que prevén para el país después de como el Gobierno, el CNE y el TSJ han manejado las cuerdas para garantizar el triunfo.
Al revés que en Cuba, en Venezuela se incrementan, en la teoría, el número de opciones al poner a disposición de los votantes las banderas de 87 organizaciones entre las que elegir a sus representantes en el Parlamento, pero los nombres de los candidatos se circunscriben en torno a una misma idea: el chavismo.
En la práctica, todo está listo para el triunfo seguro. 87 supuestas alternativas de voto con líderes a la medida. En el campo de batalla ya no hay enemigos. Como en Cuba, todos a una.
El chavismo, con vía libre para retomar el control del Parlamento