El Vaticano da libertad provisional a financista acusado en trama inmobiliaria
EFE
Las autoridades del Vaticano pusieron hoy en libertad provisional al financiero italiano Gianluigi Torzi, arrestado hace diez días en el marco de una investigación por presuntas irregularidades inmobiliarias.
El promotor de Justicia (fiscal), Gian Piero Milano, así se lo ha concedido después de someterle a una serie de interrogatorios relativos a la compraventa de un edificio en Londres, objeto de la investigación, informa la Santa Sede en un breve comunicado.
Su puesta en libertad provisional se produce después de que Torzi haya entregado a las autoridades vaticanas «un articulado informe y numerosos documentos adjuntos» considerados «útiles» para la reconstrucción de los hechos investigados.
Turzi fue arrestado en la tarde del 5 de junio en dependencias de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, después de que el fiscal le interrogara en presencia de sus abogados.
Se le imputan los delitos de extorsión, malversación, estafa agravada y blanqueo de capitales, que le podrían acarrear penas de hasta doce años de prisión de acuerdo a la legislación vaticana.
Su arresto llega en medio de una investigación por la compraventa de un edificio en Londres, en Sloane Avenue, y la gestión del Óbolo de San Pedro, el fondo que recoge los donativos de los fieles para las obras de caridad del papa Francisco.
Torzi supuestamente actuó como intermediario en la compraventa del inmueble, para devolver su propiedad a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, informa el portal «Vatican News».
Esta operación inmobiliaria, cuyos pormenores todavía no han sido oficializados, ha implicado a una red formada por algunos funcionarios de la Secretaría de Estado vaticana.
El pasado 1 de octubre, los investigadores vaticanos registraron la propia Secretaría de Estado tras recibir meses antes una serie de denuncias sobre operaciones financieras e inmobiliarias presuntamente irregulares.
Posteriormente, fueron suspendidos de empleo algunos funcionarios de la Secretaría de Estado, entre estos Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Pero también el jefe del Departamento de Información y Documentación, Mauro Carlino; los dirigentes de la Secretaría Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, y una empleada de la Administración, Caterina Sansone.
La filtración de estos nombres derivó dos semanas después en la dimisión del jefe de Seguridad del papa, Domenico Giani, después de dos décadas al servicio de tres pontífices.
En febrero, la Fiscalía vaticana requisó documentos y dispositivos electrónicos en las dependencias de un antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado, Alberto Perlasca, exjefe de la Oficina Administrativa de la Primera Sección de la Secretaría de Estado.
Los hechos se enmarcarían en el periodo en el que el cardenal Angelo Becciu estuvo en la oficina para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, de la que salió en septiembre de 2018 como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El purpurado aseguró el pasado febrero que él no está investigado y negó que se haya gastado dinero del Óbolo con fines especulativos en la compra de ese inmueble. EFE
