El suicidio en el Congreso que develó una trama oculta de Congreso impunes en la iglesia católica de Ecuador

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En marzo de este año, la noticia de que un ex funcionario de la Asamblea Nacional del Ecuador se había suicidado en el Palacio Legislativo causó sorpresa. En el país, sumido en una profunda crisis de seguridad, la opinión pública planteó varias hipótesis para explicar lo sucedido. Un funcionario del congreso dijo en X que el hombre que se quitó la vida lo hizo porque buscaba incorporarse nuevamente a un cargo dentro de la Legislatura. Tras esa explicación, el caso quedó en el olvido.

Sin embargo, tres meses después de esa tragedia, el medio comunitario Wambra publicó una investigación de Sybel Martínez, abogada y directora del Grupo Rescate Escolar. En esta se explicaba que Ricardo (nombre protegido) se quitó la vida tras esperar –por 36 años– que su abusador, un laico religioso luego convertido sacerdote, fuera sancionado por la Iglesia Católica. En su adolescencia, Ricardo sufrió abuso sexual sistemático por parte de Franklin Germán Cadena, que en el momento de los hechos era un laico que pertenecía a la comunidad salesiana en el Centro Juvenil San Patricio, en 1987. Sin embargo, luego se ordenó como sacerdote diocesano, esto a pesar de que Ricardo puso en conocimiento de las autoridades eclesiásticas sobre el abuso perpetrado por Cadena.

Un día antes de suicidarse, Ricardo le envió a su esposa la documentación sobre su caso que había recopilado durante los 36 años de impunidad. Este caso se suma a las otras denuncias de abusos por parte de miembros del clero católico en Ecuador, que, siguiendo los mecanismos de encubrimiento vistos en otros países, continúan sin aplicar sanciones ejemplares para sus miembros.

Ricardo ingresó al Centro Juvenil San Patricio a los 13 años, buscando un refugio tras abandonar su hogar –donde su madre lo maltrataba– y vivir en la calle. Allí, donde se suponía encontraría un lugar seguro, tan solo vivió violencia en una situación de mucha vulnerabilidad. A los 15 años, Cadena comenzó a abusar de él sistemáticamente, aprovechándose de su posición de poder y confianza dentro del centro. Los abusos incluían agresiones sexuales en una enfermería aislada y en la habitación de Cadena. Ricardo finalmente dejó el centro para terminar con el infierno que vivía, aunque no pudo denunciarlo apenas sucedieron los hechos debido al miedo y la vergüenza, según se narra en el reportaje de Wambra.

Dieciséis años después, Ricardo escribió su primera carta de denuncia al inspector salesiano, el padre Francisco Sánchez. Sin embargo, la respuesta fue evasiva y Cadena continuó su vida sin consecuencias significativas, incluso siendo ordenado como sacerdote diocesano y ejerciendo en diferentes parroquias de las Islas Galápagos.

A pesar de enviar múltiples cartas y denuncias, la Iglesia Católica no actuó con la debida diligencia. En 2018, Ricardo finalmente obtuvo una audiencia con autoridades eclesiásticas, pero la sanción impuesta a Cadena fue mínima: una suspensión de un año de sus funciones sacerdotales, que ni siquiera fue cumplida adecuadamente. El caso fue remitido al Vaticano, que se declaró incompetente para juzgar a Cadena, ya que el abuso ocurrió cuando era un religioso laico, no un clérigo.

La sanción de la suspensión no se hizo efectiva pese a que Cadena admitió haber abusado de Ricardo, según se explica en la investigación de Martínez: “Ricardo tenía 52 años, estaba casado y tenía dos hijas, una de su matrimonio y otra con su pareja anterior, cuando pudo concluir lo que él llamaba “su sanación”, es decir, supo que F. Cadena aceptó su culpa y recibió una irrisoria pena canónica. Había pasado 36 años de su vida buscando verdad, justicia y reparación y no la encontró”.

Tras la publicación de Martínez, el 27 de junio, el Vicariato Apostólico de Galápagos se pronunció sobre la denuncia de abuso sexual de Ricardo en contra del sacerdote Cadena. El obispo Patricio Bonilla dijo ante medios de comunicación y personas de la comunidad de Galápagos que el 24 de junio de 2024 –cuando se publicó el reportaje sobre Ricardo– se suspendió de manera indefinida a Cadena de su ejercicio sacerdotal. Además, Bonilla aseguró que en los 10 años que está en Galápagos nunca recibió una denuncia sobre el cura Cadena. Ese día, se le preguntó a Bonilla sobre el paradero de Cadena y él aseguró que “está en su casa”. “Sin embargo, un morador de Galápagos increpó al Obispo señalando que Cadena ya salió de las islas”, según reportó Wambra.

En conversación con Infobae, Martínez –la autora del reportaje– indicó que el caso de Ricardo ha causado alarma dentro del clero ecuatoriano: “Se han reunido todos los obispos. Ellos se reúnen dos veces al año y muy rara vez, por ejemplo, cuando iba a venir el Papa se reunieron una tercera vez. Esta vez lo han hecho también para analizar el caso de Ricardo. Lo sé de buena fuente”, contó Martínez, al mismo tiempo que reconoció que “la Iglesia hace un lobby político muy interesante”. Incluso, Martínez cuestiona que la Fiscalía ecuatoriana no haya iniciado una investigación de oficio ni se haya pronunciado ante la gravedad de la historia de Ricardo.

En Ecuador, hay otros casos similares al de Ricardo que muestran un patrón de encubrimiento y protección mutua dentro de la Iglesia Católica. Estos abusos han sido investigados y documentados por diferentes medios y organizaciones, pero la respuesta institucional no ha sido severa: “Lo que sucede al interior de la Iglesia Católica es un patrón de encubrimiento y ocultamiento. Este silencio cómplice que las máximas autoridades eclesiales guardan es algo que sí se debe investigar”, indicó Martínez. La abogada explicó que, a pesar de los lineamientos que el Papa Francisco ha emitido sobre estos casos, como la colaboración del clero con las autoridades civiles, aún se busca encubrir a los abusadores para preservar “el buen nombre”. Es por ello que Martínez indicó que: “El mayor castigo (para los sacerdotes abusadores) es reducirlos al estado laical”.

Entre los casos más conocidos sobre las violaciones a la integridad de los infantes y adolescentes en Ecuador por parte de sacerdotes está el de César Cordero Moscoso, un sacerdote y fundador de la Unidad Educativa Borja en Cuenca (al sur de Ecuador), que fue acusado por varios exalumnos de haber cometido abusos sexuales durante décadas. Las denuncias comenzaron a emerger públicamente desde 2010 pero tomaron fuerza en abril de 2018, aunque algunos de los abusos se remontan a los años 70 y 80. En octubre de 2018, la Santa Sede expulsó de la iglesia a Cordero Moscoso, quien murió en el 2023. Durante su vida, y pese a los abusos que se le imputan, el sacerdote era considerado uno de los ciudadanos más ilustres de Cuenca por su labor educativa.

Una investigación periodística del medio GK de Ecuador reveló la “dinámica del pecado” de Luis Fernando Intriago, un conocido sacerdote de Guayaquil, que también fue acusado de abuso sexual. Las denuncias se hicieron públicas en 2018, cuando varias personas afirmaron haber sido víctimas de Intriago cuando eran menores de edad. La lentitud en la respuesta de las autoridades eclesiásticas y judiciales se observaron en este caso. A dos meses de la publicación del medio, la Arquidiócesis de Guayaquil informó que la Santa Sede expulsó del sacerdocio a Luis Fernando Intriago.

“Te hacía desnudar. Yo me quedaba desnudo, amarrado, porque te amarraba las piernas y las manos. La idea era hacerte sufrir porque si aguantabas, estabas haciendo una ofrenda. Cuando veía que se le estaba pasando la mano, paraba. En mi caso, me arrastró por una alfombra con los ojos vendados, las piernas amarradas, luego me llevó a la cama vendado. Esto es lo más asqueroso que me ha pasado, me da vergüenza… me trepó encima de él, como en una relación sexual. Nunca me penetró, no me tocó mis partes íntimas, por más que estuve desnudo. Pero me trepó encima de él, y con su barba como que me rozaba el pecho, el abdomen”, es uno de los testimonios de los jóvenes que hablaron con GK sobre los abusos de Intriago.

El portal Religión Digital, el 1 de junio de este año, alertó que un sacerdote quiteño habría abusado de una menor de edad por al menos medio año. El cura Miguel Augusto Yumi habría huido. El reportaje escrito por el sacerdote secular, José Vidal, indica que “en presencia del abusador (Yumi), monseñor Alfredo Espinoza (arzobispo de Quito) se dirigió a los curas en los siguientes términos: ‘Cuando hagan pendejadas, las hagan bien, que nadie se entere, no causen escándalo’”. En el mismo texto se explica que: “La técnica habitual que utilizan en la curia: los abusadores son cambiados de destino parroquial en la misma archidiócesis o enviados a otra diócesis y, cuando las aguas se calman y la realidad del caso queda sepultada, son reubicados y/o promovidos en Quito. Hay decenas de casos de abusos del clero archivados en la Curia, pero allí se pudren, sin que la jerarquía diocesana haga nada al respecto. El sistema del encubrimiento sigue vivo en Quito”. El caso de abuso de Yumi llegó al Vaticano y, según ACI Prensa, el cura “ha solicitado voluntariamente dejar el sacerdocio”. El mismo portal indicó que “la Arquidiócesis de Quito niega rotundamente que las expresiones atribuidas al Sr. Arzobispo por el portal Religión Digital sean suyas. Durante el retiro espiritual aludido, el Sr. Arzobispo no tuvo ninguna reunión con los sacerdotes”.

Las historias de encubrimiento e impunidad demuestran a decir de Sybel Martínez la poca compasión del clero con sus feligreses: “En términos religiosos, no hay acto de contrición ni arrepentimiento ni propósito de enmienda ni deseo de reparar daños causados. Tampoco rehabilitación. No se hace justicia y a las víctimas las llevan a un estado tal de indefensión que finalmente buscan la muerte como en el caso de Ricardo”.

Con información de infobae.com

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