El Saime emite más de 4.000 cédulas de identidad cerca del Esequibo
EFE/foto referencial
El Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha emitido, desde el pasado 10 de diciembre, 4.015 cédulas de identidad en la población de Tumeremo, cercana a la Guayana Esequiba, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que el país se disputa con Guyana, informó este sábado el Gobierno.
En una nota de prensa, el Ministerio de Interior y Justicia explicó que «un total de 4.015 documentos de identidad» fueron emitidos «durante la jornada especial» con la que el Gobierno chavista busca ofrecer la nacionalidad venezolana a quienes residen en el área bajo pleito, controlada por Georgetown.
La jornada, ordenada por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, «ha atendido a más de 30 sectores del municipio Sifontes», fronterizo con la Guayana Esequiba, «así como a seis unidades educativas, lo que ha beneficiado a las comunidades indígenas de la región», dice el escrito.
El Saime prevé retomar este trabajo el próximo 8 de enero «para continuar con la renovación del documento, así como la cedulación por primera vez» en esta localidad del estado amazónico Bolívar, también limítrofe con Brasil.
A través de Instagram, la institución ha compartido varias fotografías y videos que dan cuenta de la entrega de cédulas en esta ciudad minera, en la que, provisionalmente, se asentarán las instancias de poder creadas unilateralmente por Maduro, en su intento por anexionar a Venezuela el área bajo litigio.
La entrega de documentos de identidad a quienes residen en la zona disputada es una de las acciones propuestas por Venezuela, luego de que, el pasado 3 de diciembre, la mayoría aprobase en un referendo unilateral anexionarse el territorio, lo que disparó la tensión diplomática en la región.
Sin embargo, el pasado 14 de diciembre, Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, acordaron, luego de una reunión en San Vicente y las Granadinas, no amenazarse y «evitar incidentes» sobre la zona para rebajar la tensión, mientras que la controversia se mantiene en la Corte Internacional de Justicia, algo que Caracas rechaza.
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