El sacrificio de visones desata tormenta política en Dinamarca
EFE
La decisión del Gobierno danés de sacrificar a millones de visones por una mutación del coronavirus que podía afectar a la eficacia de las vacunas ha cerrado la producción peletera del mayor criador mundial de estos animales y originado una tormenta política que ha provocado ya la caída de un ministro.
Cuando la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ordenó el pasado día 4 sacrificar a los cerca de 15 millones de visones que hay en Dinamarca, siguiendo el consejo de las autoridades sanitarias al detectar mutaciones que habían pasado a humanos y debilitaban la capacidad de crear anticuerpos, puso fin en la práctica a una exitosa industria.
La cría de visones en Dinamarca se remonta a unos 90 años atrás y en las últimas décadas había colocado a este país nórdico a la cabeza mundial de un criticado sector (varios países prohíben esta práctica por motivos éticos), un negocio boyante que suponía el 4 % de las exportaciones agrícolas nacionales y daba trabajo a unas 6.000 personas, contando industrias asociadas.
«Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión y la conclusión no es negociable. Ese es nuestro convencimiento», dijo entonces Frederiksen, cuya figura política había salido hasta ahora muy reforzada por la rapidez del Gobierno para actuar en medio de la pandemia en un país entre los menos castigados en Europa.
Lo que no preveía la mandataria danesa era el temporal que se desató en los días sucesivos, al conocerse que el Gobierno socialdemócrata en minoría no tenía cobertura legal para ordenar el sacrificio de todos los visones, sino solo en las granjas donde se había detectado contagio o estaban en un radio de 7,8 kilómetros de las instalaciones infectadas.
Aunque el Ejecutivo negoció sobre la marcha una reforma con sus aliados de centro-izquierda para dar legalidad a la orden y prohibir la cría de visones hasta 2022, la presión de medios de comunicación, la oposición y sus propios apoyos parlamentarios obligaron a dimitir el miércoles al ministro de Agricultura, Mogens Jensen.
Jensen dejó el cargo el mismo día que se publicaban los resultados de tres investigaciones internas que revelan que ya había sido advertido en septiembre, cuando empezaba a crecer el contagio de visones, de los problemas legales de un eventual sacrificio de toda la población, y que ese mensaje lo recibió también un mes después la comisión ministerial de coordinación sobre la covid-19.
Frederiksen no fue advertida del problema legal hasta cuatro días después del anuncio, según la investigación interna, pero no paró la orden, sino que se limitó a informar al Parlamento por carta, aunque los criadores de visones no recibieron ninguna notificación de las autoridades hasta pasadas 48 horas.
«Es un poco raro que me sigan haciendo esta pregunta cuando se trata de la salud de los daneses. No tomamos la decisión de sacrificar a todos los visones por diversión», reiteró irritada hace dos días Frederiksen, que al igual que varios de sus ministros ha lamentado públicamente el «error» y pedido disculpas.
Dinamarca, que tiene una población de unos 5,7 millones de habitantes, ha registrado hasta ahora 68.894 casos de coronavirus y 781 muertos, con una tasa de mortalidad de 13,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA INVESTIGARÁ EL CASO
Aprovechando la salida de Jensen, el Gobierno ha trasladado a otro ministerio a su jefe de departamento y reorganizado varias carteras, pero las medidas no han satisfecho a los medios daneses, que reclaman más responsabilidades, ni a la oposición, que ha utilizado términos como «catástrofe», «escándalo» o «locura» para su actuación.
El «minkgate», como ha sido bautizado por la prensa, se ha enmarañado más al conocerse que la Policía Nacional, que actuó como apoyo a las autoridades, instó a sus agentes a informar a los criadores de la obligación de sacrificar a sus visones a pesar de que ya se sabía que la orden era ilegal si no se había detectado contagio previo o la instalación no estaba próxima a otra infectada.
«Es un fallo que lamento profundamente. Tenemos mucho trabajo y, por desgracia, a veces hay fallos. Quiero disculparme personalmente con los criadores que han recibido informaciones erróneas», dijo este jueves el director de la Policía Nacional, Thorkild Fogde.
Varios partidos han forzado ya una comparecencia del ministro de Justicia, Nick Hækkerup, y han presionado para que se cree una comisión que investigue el caso, una petición que el Gobierno ha acabado por aceptar, aunque queda por definir su carácter y alcance.
Los medios han resucitado el fantasma del «caso tamil»: en 1993 el Gobierno del conservador Poul Schlutter tuvo que dimitir por mentir al Parlamento sobre el retraso de las autoridades en tramitar las demandas de reagrupación familiar de varios refugiados de Sri Lanka, pero parece improbable que esta crisis alcance esas dimisiones.
Pero aunque los partidos de centro-izquierda que le dan la mayoría al Gobierno ya han dado a entender que Frederiksen es intocable, la figura de la primera ministra ha quedado dañada: su estilo de líder fuerte y que controla todas las decisiones que tanto la benefició al inicio de la pandemia ha jugado en su contra ahora, aunque no hay previstas elecciones generales hasta 2023.
POLÉMICA POR INDEMNIZACIONES Y PROTESTAS DE CRIADORES
La Asociación de criadores daneses ha criticado lo que consideran una expropiación y un escándalo y acusado al Gobierno de «violar la Constitución», en palabras de su presidente, Tage Pedersen.
Cientos de agricultores de toda Dinamarca, montados encima de sus tractores, participaron este sábado en una doble concentración celebrada en Copenhague y en Aarhus, segunda ciudad del país, para protestar por la actuación de las autoridades en el caso.
Entre pancartas con acusaciones al Gobierno de violar la Constitución y pidiendo la dimisión de Frederiksen, figuras destacadas de todos los partidos de derecha apoyaron a los concentrados en una protesta celebrada junto al puerto de Copenhague.
El Gobierno sigue negociando con el resto de partidos una indemnización a los criadores de visones, que a falta de un acuerdo final parece que superará en mucho los 2.800 millones de coronas (376 millones de euros) calculados inicialmente por las autoridades.
La previsible elevada cuantía de la compensación ha hecho surgir también críticas de otros sectores afectados por la pandemia, tanto por la polémica en torno a una industria prohibida ya en otros países europeos como por el hecho de que el sector peletero atravesaba por problemas económicos en los últimos años.
Si en 2013 Dinamarca contaba con 1.169 granjas dedicadas exclusivamente a la cría de visones, que lograron un beneficio medio anual de 443.000 euros, seis años después quedaban solo 792, la pérdida media era de 0,7 millones (94.000 euros) y las exportaciones habían caído un 63 %, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística.
Mientras la controversia política sigue creciendo, la alarma creada por la mutación del SARS-CoV-2 ha desaparecido aparentemente: las autoridades sanitarias dieron esta semana por erradicada «con gran probabilidad» la cepa y levantaron antes de tiempo las duras restricciones implantadas en el norte de Jutlandia.
