El proceso electoral de Venezuela es llevado ante la CIDH
EFE
Las presuntas violaciones a los derechos civiles y políticos en el marco de la campaña electoral de Venezuela, la situación de las comunidades indígenas en Colombia y los derechos de las personas en prisión en El Salvador, marcaron este jueves la cuarta jornada de audiencias de la CIDH en Santo Domingo.
En una sesión, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la sociedad civil de Venezuela denunciaron la violación de los derechos civiles y políticos en esa nación en el marco de la campaña electoral y reclamaron un cambio de fecha de los comicios del 20 de mayo.
Asimismo, denunciaron la restricción a la libertad de expresión en esa nación y las violaciones a los derechos de los jóvenes en el proceso electoral, ya que no han podido registrarse para poder votar, al tiempo que acusaron al Gobierno de utilizar los programas sociales como instrumento político en beneficio del presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección.
Ante esta situación, solicitaron al organismo «unir su voz» al reclamo de diversas instituciones internacionales por una nueva convocatoria para la realización de elecciones presidenciales en el último trimestre de este año.
Las denuncias fueron rebatidas por la delegación oficial de Venezuela, que defendió la convocatoria de elecciones y llegó a afirmar que el sistema electoral de esa nación «es el mejor del mundo», mientras que algunos asistentes, dominicanos, que acudieron a la concurrida audiencia levantaron pequeños letreros en apoyo al Gobierno de Maduro.
En otra audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela, defensores y personas con alguna condición reclamaron del Gobierno atender la difícil situación que les afecta en el marco de la actual crisis económica y humanitaria que vive ese país.
En tanto, en otra sesión temática, miembros de comunidades indígenas colombianas denunciaron los constantes riesgos que sufren en su país, por lo que pidieron al organismo regional una visita «in loco» a esa nación para constatar la situación.
Durante el cuarto día de audiencias públicas que la CIDH realiza en la capital dominicana en el marco de su 168 periodo de sesiones, afirmaron que a pesar del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla FARC «los pueblos indígenas en Colombia viven una crisis humanitaria que requiere una intervención integral del Estado que incluya los procesos de reparación integral».
En ese sentido, pidieron a la CIDH dar seguimiento a la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz, de acuerdo con la petición leída por la defensora de los derechos de la comunidad indígena María Espinosa.
A la vez, pidieron a la CIDH que requiera al Estado colombiano adoptar de manera concertada las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional para los pueblos indígenas de Colombia.
A su turno, la representación del Estado reconoció que esa nación tiene retos en materia de derechos humanos y que las comunidades indígenas han sido víctimas de esa situación, pero que el Estado toma acciones en ese sentido.
«El Estado ha sido vehemente en trabajar por que la agenda de los derechos humanos de los pueblos indígenas sea real», subrayó.
En la jornada de hoy defensores de los derechos humanos en El Salvador denunciaron la recurrente violación de los derechos de las personas privadas de libertad en El Salvador, en cuyas cárceles, según afirmaron, se practican actos de tortura.
Los activistas solicitaron al organismo recomendar al Estado salvadoreño la derogación de las medidas extraordinarias de seguridad, «que han provocado violaciones al derecho a la vida, integridad, justicia y rehabilitación».
También se examinó la situación de los derechos fundamentales de las mujeres en el contexto de la criminalización de las drogas en América.
Estos temas formaron parte de la cuarta jornada de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo y cuya agenda incluye también el examen de casos de Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
