El presidente del TSJ chavista rechazó las sanciones de la UE
EFE
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista, Maikel Moreno, rechazó este lunes «de manera firme y categórica» las nuevas sanciones que la Unión Europea (UE) aprobó y mediante las que añadió a 19 personas a su listado, entre ellos a seis magistrados de la alta corte.
A través de un comunicado de su despacho, Moreno consideró que la UE «se ha puesto al margen del Derecho Internacional, reconocido por las naciones civilizadas, al pretender dirigir y evaluar el desempeño de estos funcionarios y funcionarias del país».
A su juicio, las sanciones buscan «vulnerar la soberanía» de Venezuela y de su pueblo.
Consideró que estas medidas «representan una abierta agresión contra la soberanía venezolana» y buscan «entorpecer la consolidación de la paz y el entendimiento entre los venezolanos».
Además, indicó que hay una contradicción en «sancionar unilateralmente por la presunta violación de los derechos humanos, cuando dichas sanciones son en sí mismas una violación a los derechos humanos».
Frente a ello y en su condición de presidente del TSJ reiteró su apoyo a los procesos de diálogo nacional».
«El Tribunal Supremo de Justicia ha sido conteste y promotor del diálogo en Venezuela y sus decisiones han estado centradas en la búsqueda permanente de los espacios de encuentro y paz, apoyándonos en nuestro ordenamiento jurídico para que se imponga, la justicia», apostilló.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE ampliaron este lunes la lista de sancionados que ya llega a 55 y entre los que se encuentran la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo.
Concretamente, entre los 19 miembros que pasaron a engrosar la lista se encuentran la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonzo Izaguirre y Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente.
También incluyen a varios parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) constituida el 5 de enero, que la UE tampoco reconoce.
