Parlamento ecuatoriano analizará pedido de destitución de Lasso
EFE
La Asamblea Nacional de Ecuador retoma mañana, martes, el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, quien el pasado viernes denunció un intento de golpe de Estado en su contra en el marco de las manifestaciones indígenas por el alto costo de la vida.
Una fuente de la Asamblea confirmó este lunes a Efe que la sesión está convocada para mañana a las 11:00 hora local (16:00 GMT), luego de que fuera suspendida el domingo, tras la intervención de varios legisladores.
En la sesión que se instaló el sábado, ya expusieron sus puntos de vista varios asambleístas y en ella, el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, leyó un documento a nombre del jefe de Estado, en el que tildaba de «absoluta irresponsabilidad» con la ciudadanía la solicitud presentada en el Parlamento por legisladores afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La petición de la destitución se presentó bajo la causal de grave conmoción interna debido a las manifestaciones contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo, que este lunes cumplen quince días.
La bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín a Correa, invocó el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, sobre la posibilidad de destitución en caso de «grave crisis política y conmoción interna».
En el documento leído por Pozo, Lasso señaló que la Asamblea «tiene la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes y simultáneas para proceder con la destitución», dijo al considerar que «ninguna de las dos se cumple ni se ha probado».
«Los solicitantes no han presentado ningún sustento o documento de soporte y, peor aún, una motivación jurídica que fundamente este pedido, y lo han hecho a través de una carta de cinco párrafos», con la que los 47 asambleístas correístas «buscan desestabilizar la democracia», dijo.
De su lado, la opositora asambleísta Pierina Correa consideró que Lasso se ha burlado de la Asamblea al no acudir a la sesión a presentar las respectivas pruebas de descargo.
«Hoy, una vez más, el presidente de la República se burla de la Asamblea Nacional al irrespetar y pasarse por encima de la misma ley y la Constitución», dijo el sábado la legisladora, hermana del exgobernante Rafael Correa, que puntualizó que el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que «no hay delegación para la presencia del presidente de la República» para presentar sus pruebas de descargo y ejercer su legítimo derecho a la defensa.
Para Pierina Correa, el documento leído por Pozo «está lleno de mentiras, falacias y nuevas burlas no solo a la Asamblea sino a todo el pueblo ecuatoriano».
Opuestos a la destitución
La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud.
Luego del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.
En la sesión inicial, el asambleísta Marlon Cadena, de la Izquierda Democrática (ID), partido opositor pero contrario a la destitución, rechazó la violencia desatada en las manifestaciones que han dejado cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes e integrantes de las fuerzas del orden.
«No es casual -dijo- que los movilizados legítimos hayan salido de las zonas más deprimidas del país, donde se albergan millones de ecuatorianos que quedaron en un Ecuador reducido a la opresión y que se unen en una realidad de explotación, de miseria, de pobreza y que están hermanados por un mismo sistema de producción: el agrícola».
Y tras apuntar que no tienen compromiso con ningún gobierno, aseguró que tampoco apoyarán a «quienes manosean la protesta justa y que pretenden ser indigenistas, defensores de los luchadores sociales y defensores de la naturaleza a conveniencia».
De su lado, el legislador Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, que también se opone a la destitución, comentó que no se decide si se queda o se va un mandatario sino que «está en juego la institucionalidad, el orden público y el respeto al derecho de los ecuatorianos». EFE
