El Gobierno argentino denuncia a un político opositor por presunta corrupción
EFE
El Gobierno argentino presentó este viernes una denuncia penal contra el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, actualmente de licencia laboral, por «presuntos hechos de corrupción con empresarios contratistas» de la capital, informaron fuentes oficiales.
Esta denuncia pretende impulsar una investigación penal sobre los hechos publicados por diferentes medios de comunicación durante la última semana, «que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública», indicó en un comunicado el Ministerio nacional de Justicia y Derechos Humanos.
La semana pasada, la prensa local publicó una transcripción de conversaciones atribuidas a D’Alessandro con distintas figuras, entre ellas, Silvio Robles, portavoz del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Esos mensajes abordaban situaciones como la pugna judicial que enfrenta el Gobierno nacional, de signo peronista, con la oposición por la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra sanciona y remueve jueces en Argentina.
En esos chats también se hacía referencia al «fallo Robles», que algunos medios relacionaron con la resolución de la Corte que el 21 de diciembre benefició a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, en una disputa por la restitución de fondos federales.
El pasado martes, D’Alessandro anunció su decisión de tomarse una licencia temporal del cargo para «preparar su defensa» en esta investigación, asegurando que los chats fueron «creados» por «una operación infame de grupos de tareas que realizan inteligencia sobre las personas».
En este contexto, y por instrucción del presidente, Alberto Fernández, el Ministerio de Justicia pidió investigar a D’Alessandro por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales.
Los hechos a ser investigados también involucran a empresarios vinculados al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así como a fiscales nacionales y a la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), Silvia Majdalini.
Según el escrito presentado por el Ejecutivo, las revelaciones periodísticas, de confirmarse, «demostrarían una connivencia escandalosa» de D’Alessandro con altos funcionarios judiciales, exdirectivos de Inteligencia y concesionarios de servicios públicos, «incompatibles con un Estado de Derecho».
«La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas», aseguró el ministro de Justicia, Martín Soria, en su cuenta oficial de Twitter.
Esta denuncia se produce en medio del conflicto abierto entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema: este miércoles, el presidente envió al Congreso su petición de juicio político contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, por «mal desempeño en sus funciones». EFE
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