El Estado venezolano «falló en proteger a la niñez», según ONG

EFE

En Venezuela no existen entidades suficientes para brindar atención a los niños que se encuentran en situación de calle, lo que para el psicólogo Abel Saraiba, de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (No) es «testimonio de que el Estado falló en proteger a la niñez».

En entrevista con Efe, Saraiba dijo que en Venezuela existe «un sistema de protección que ni es sistema ni protege» y explicó que aunque en el país «hay ministerios para todo» ninguno se relaciona con el tema de la niñez.

Actualmente los temas relacionados con la niñez en Venezuela son atendidos por una instancia menor que depende del llamado Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, ente adscrito al Despacho de la presidencia.

Los niños son los más afectados en la Venezuela actual que sufre una severa crisis que se traduce en escasez de alimentos de la cesta básica y una inflación diaria de poco más de 3 % según el Parlamento, lo que ha disminuido de forma dramática el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Según Saraiba, este escenario ha causado un notable incremento en los niños en las calles, aunque explicó que Cecodap no tiene una data consolidada del hecho pues no cuenta con el personal o los recursos para recabarla.

«Donde hay un niño en situación de calle es porque su familia fue incapaz de protegerlo y el Estado no tuvo la capacidad de ofrecerle respuestas adecuadas», sostuvo.

El representante de Cecodap señaló que la crisis económica ha derivado en otro fenómeno, «la niñez dejada atrás» que es producto de la migración de venezolanos.

«Cuando empezamos a estudiar el tema era el quinto motivo por el que la gente consultaba nuestros servicios y ya en este momento es el tercer motivo de consulta», explicó.

El psicólogo detalló que «no solo son dejados atrás niños que quedan bajo el cuidado de algún familiar, muchos son definitivamente abandonados», aunque a su juicio es casi imposible conocer las cifras exactas de la situación.

Se suma también un incremento de niños y jóvenes con «intenciones suicidas y autolesiones» que manifiestan «un sentimiento de catástrofe, de que no hay alternativa ni escapatoria a lo que está sucediendo, de que no hay futuro», lo que para Saraiba sucede cada vez más y puede convertirse en un «factor crítico».

Según cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis política, social y económica, aunque el gobierno de Nicolás Maduro niega esta situación y ha asegurado en varias oportunidades que el flujo migratorio es «normal».

Uno de los focos del trabajo de Cecodap es recabar datos de la violencia contra niños y adolescentes a través del monitoreo de las informaciones publicadas en medios de comunicación.

Según estos datos, en 2017 fueron asesinados 1.134 niños y adolescentes, lo que equivale a tres diarios, de los cuales 8 fueron calificados como homicidios por «resistencia a la autoridad».

Para Saraiba esa tipificación representa una falla más del Estado pues al menos 32 de esas muertes «responden a abuso policial».

Esto demuestra, según Saraiba, que «el Estado no solo es negligente al no tomar medidas para proteger, sino que además puede ser un agente que vulnera los derechos de la niñez».

En el año 2000 fue promulgada en Venezuela la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopna), para resguardar los derechos fundamentales de los niños del país caribeño.

Entre las garantías consagradas por la Lopna están, entre otros, los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la protección en casos de conflictos armados, a la protección y seguridad.

Igualmente plantea que Gobierno y sociedad civil articulen mecanismos para la protección, sin embargo Saraiba asegura que «el Gobierno fue progresivamente dando pasos que han ido desarticulando, el sistema».

«Al principio era un sistema descentralizado que buscaba que a nivel municipal, estatal y nacional hubiera distintas instancias capaces de ofrecer respuesta a distintos niveles» pero a partir de 2007 fue centralizado y, lo que asegura Saraiba, «ya no era ideal, se agravó».

«Es una realidad que la sociedad civil denuncia y reclamamos atención y que se generen acciones pero aún no se han desarrollado», concluyó.