El diálogo en Nicaragua sigue estancado mientras continúa la violencia
EFE
El diálogo entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y las fuerzas opositoras sigue bloqueado en Nicaragua, un día después de que miles de personas se manifestaran en las calles de la capital a favor y en contra del mandatario, en medio de la violencia que ha dejado cientos de muertos.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes expresó sus deseos de mantener vivo el diálogo, que se mantiene estancado tras el repunte de la represión estatal en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 18 de abril.
«Nosotros queremos mantener viva esa llamita», afirmó Brenes, también arzobispo de Managua, tras oficiar una misa en la Catedral Metropolitana.
El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando se celebró su última sesión.
Ortega calificó de «golpistas» a los obispos y consideró que son cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero Ortega lo rechazó.
Pese a esas acusaciones, el cardenal Brenes dijo que en los diálogos a menudo ocurren esos altibajos y recordó la experiencia vivida en la década de los años de 1980, cuando Nicaragua estaba sumergida en una guerra civil y también era gobernada por Ortega.
«A veces daba la impresión de que el diálogo se caía, porque las partes se retiraban de la mesa (…), pero luego seguía», hasta que se alcanzó un acuerdo, recordó.
Durante este domingo al menos ocho personas, entre ellos un oficial, resultaron heridas en un enfrentamiento en la ciudad nicaragüense de Juigalpa entre civiles y la Policía Nacional.
El enfrentamiento se produjo en el barrio Tamanes del municipio de Juigalpa, departamento de Chontales (centro), a 139 kilómetros de Managua, cuando un grupo de civiles armados atacó a otro, lo que provocó la intervención de la Policía Nacional, según movimientos cívicos de ese lugar.
Mientras, el Ministerio Público acusó a Cristhian Fajardo, uno de los líderes del denominado «Movimiento 19 de Abril» de la ciudad de Masaya, de crimen organizado y terrorismo.
La Fiscalía también acusó a Fajardo y a su esposa, María Adilia Peralta Cerrato, de financiación del terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado y la sociedad.
En Masaya, 28 kilómetros al sureste de Managua, un total de 10 personas fueron además liberadas con la mediación del alcalde sandinista Orlando Noguera, con lo que suman 140 en la última semana.
Agentes de la Policía, parapolicías, paramilitares y antimotines llevaron a cabo la semana pasada en Masaya la llamada «Operación Limpieza», que consistió en derribar los bloqueos que seguían levantados y eliminar cualquier rastro que recordara que el pueblo se declaró «territorio libre del dictador», en referencia al presidente Ortega.
El cardenal Brenes también lamentó hoy la decena de despidos de médicos y de enfermeros por atender a manifestantes en el marco de las protestas.
«Pediatras, ortopedistas, oncólogos, gastroenterólogos, anestesiólogos, neumólogos, infectólogos, enfermeras, despedidos brutalmente acusados del terrorismo de salvar vidas en los hospitales. Terrorismo es quitarlos de sus puestos», reprochó el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez Mercado a través de su cuenta de Twitter.
Nicaragua está sumergida en la crisis más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más fuerte desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.
Entre 295 y 448 personas han muerto en más de tres meses de protesta, según organizaciones humanitarias.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción
