El correísmo califica de ilegal la «muerte cruzada» aplicada por Lasso en Ecuador
EFE
El movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), rechazó por considerar «ilegal» el decreto de disolución del Parlamento, anunciado este miércoles por el presidente Guillermo Lasso.
Marcela Holguín, cabeza del grupo parlamentario de Unión por la Esperanza (UNES, que arropa a RC), aseguró en una rueda de prensa que la decisión de Lasso de invocar a la llamada «muerte cruzada», amparada en la Constitución, podría caer en la ilegalidad porque no cumple con las causales para ser invocada.
«El decreto emitido esta mañana por el presidente Guillermo Lasso es ilegal», pues no se registra en el país «ni conmoción interna ni una grave crisis política», agregó la legisladora correísta en una declaración en la sede del movimiento UNES, la principal fuerza de oposición legislativa.
Y es que policías y militares han cercado la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), en acatamiento al decreto de disolución de la Cámara ordenada por el conservador Lasso, un día después de que compareciera ante el Pleno del Legislativo para defenderse en un juicio político de censura planteado por la oposición, que le acusa de peculado (malversación) en empresas del Estado.
En su comparecencia el martes ante la Asamblea, Lasso reiteró su inocencia y calificó de «infundado» el proceso en su contra.
Holguín aseguró que el decreto del mandatario buscaba supuestamente evitar la votación final de la Cámara sobre el juicio político que -según ella- se perfilaba hacia la censura y destitución del gobernante.
La legisladora de UNES aseguró que la «muerte cruzada» es una medida extrema de un «presidente desahuciado» que «se aferra al poder» y se niega «irse a su casa» para «permitir que el Ecuador resurja».
Calificó de «vanidad, capricho» la actitud del mandatario y de tener como única dirección el satisfacer supuestamente sus «ambiciones».
El pronunciamiento de Holguín coincidió con al que hiciera horas antes el expresidente Rafael Correa, quien aseguró que la «muerte cruzada» aplicada por Lasso era ilegal.
Pese a ello, Correa dijo que la decisión del actual mandatario abre «la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria».
La muerte cruzada implica que el Consejo Nacional Electoral convoque, en un plazo máximo de siete días, a elecciones para designar a los representantes del Ejecutivo y del Legislativo. EFE
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