El Congreso español debatirá el futuro de Rajoy este jueves y viernes - 800Noticias
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EFE

El Congreso español debatirá este jueves y viernes la moción de censura presentada por los socialistas contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la histórica sentencia que condenó a su partido, el Partido Popular (PP-centroderecha), por una de las tramas de corrupción más importantes de los últimos años en España.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (PP), anunció hoy los días en los que la Cámara debatirá esa moción, presentada por los socialistas el pasado viernes que, en caso de ser aprobada, llevaría a la jefatura del Ejecutivo español al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Para salir adelante, la moción, la cuarta en las cuatro décadas de la actual etapa democrática española -las tres anteriores fracasaron-, y la segunda para Rajoy, tiene que ser aprobada por 176 de los 350 diputados de la Cámara, una combinación difícil para Sánchez, que cuenta con 84 diputados y precisaría del respaldo de otras fuerzas.

Fuentes cercanas al dirigente socialista indicaron que convino con Pastor celebrar el debate en el Congreso esos días y consideraron una «buena noticia» que esta semana se decida «si Rajoy es censurado o no».

El Ejecutivo español también ve con buenos ojos la proximidad del debate, ya que así «se minimiza el tiempo de incertidumbre» que, en su opinión, «ha abierto la iniciativa socialista», según indicaron a Efe fuentes gubernamentales .

En rueda de prensa al término del comité federal de su partido, Sánchez tendió la mano a todos los partidos que consideren inaceptable que Rajoy siga al frente del Gobierno de España para «construir un gran acuerdo nacional de regeneración política».

Igualmente apeló a los 350 diputados del Congreso -«ni un más ni uno menos», dijo- para que «sepan que lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en la política».

El líder socialista explicó además que la «nueva etapa» que propone abrir con la moción a Rajoy tiene una «hoja de ruta clara: censura, estabilidad y elecciones, para que los españoles decidan».

Con sus 84 diputados, Sánchez tiene garantizado el apoyo de Unidos Podemos (izquierda), con 71, y podría lograr el de pequeñas fuerzas nacionalistas e independentistas, lo que ya le ha valido fuertes críticas del PP.

Queda la incógnita de los liberales de Ciudadanos (32 diputados), que en principio descartan respaldar la moción socialista e insisten en la convocatoria inmediata de elecciones.

Su líder, Albert Rivera, aseguró hoy que está dispuesto a buscar con Rajoy un «fin ordenado» a una legislatura que considera «acabada», si pone «fecha y hora» en otoño para unas elecciones generales.

Aunque reiteró que en ningún caso votará a favor de la moción del PSOE en los términos en los que está planteada, volvió a tenderles la mano para acordar una alternativa, de carácter «instrumental», que sirva solo para convocar unos comicios.

Esa moción instrumental, explicó Rivera, formaría parte de un «plan B», si Rajoy sigue «enrocado» y no abandona el cargo, que incluiría cuatro condiciones: fijar una fecha electoral y un candidato independiente (ni del PSOE ni de Ciudadanos) a presidir temporalmente el Gobierno.

La propuesta de Ciudadanos pasaría también por mantener vigente el artículo 155 de la Constitución española en las instituciones autonómicas catalanas y aprobar los Presupuestos Generales del Estado que están en su última fase de tramitación en el Senado.

Con la negativa inicial de Ciudadanos la moción socialista pasaría por el voto a favor de los cinco diputados del PNV (nacionalistas vascos moderados), que la semana pasada respaldaron al Gobierno de Rajoy en la votación parlamentaria de los Presupuestos.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, evitó hoy confirmar si la apoyarán, ya que en su opinión, hay muchas «incógnitas», entre ellas «cuándo quiere (Sánchez) disolver» las Cámaras, «qué quiere arreglar» y «con quién lo quiere arreglar».

La moción fue presentada al día siguiente de que la Audiencia Nacional publicara la sentencia del llamado «caso Gürtel», una trama de pagos de empresarios a cargos del Partido Popular de Rajoy y en la que, además, se da por hecho que ese partido ha tenido durante años una contabilidad paralela basada en aportaciones opacas de hombres de negocios.

La sentencia provocó una rápida reacción por parte de la oposición y se hizo notar en el mercado bursátil español, que cerró con el 0,63% por la inestabilidad política, mientras que la prima de riesgo lo hizo en 118 puntos básicos, máximos de este año.

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