El CDJ registra 63 ataques a defensores de DDHH en febrero
EFE
En Venezuela se registraron 63 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en febrero, 42 menos que en enero, cuando se documentaron 105 casos, informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
REPORTE CDJ | Febrero 2023
Se registraron 63 ataques e incidentes de seguridad durante febrero 2023
Detalles en: https://t.co/4RYsx13s6g pic.twitter.com/0OFAgTvM9O
— Centro para los Defensores y la Justicia (@DefensoresDDHH_) March 20, 2023
«Continuó la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, con avances normativos restrictivos del espacio cívico y democrático», indicó la organización en su más reciente informe.
Asimismo, dijo que el contexto para la «defensa, exigencia y promoción» de los derechos humanos en Venezuela se torna más «restrictivo y desfavorable, siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis socio-económica, política y de derechos humanos».
Del total de casos, 39 fueron de estigmatización, 16 de intimidación y hostigamiento, 7 de amenaza y un ataque digital.
La ONG indicó que el 84 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y 16 % las personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron funcionarios públicos, 46 % de los casos, seguido de los medios de comunicación (24 %), personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %), instituciones públicas (10 %) y organismos de seguridad (3 %).
«Los principales responsables de las agresiones cometidas a quienes defienden y exigen derechos humanos identificados incluye a miembros del Ejecutivo, ministros, diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), entre otros», agregó.
La ONG sostuvo que para el «fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de derecho» es necesario garantizar la protección de un espacio cívico libre, así como la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de los derechos.
«Para ello, el Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan la crisis de los derechos humanos y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja», añadió.
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