El abandono a la Guajira persiste y suma más víctimas
Codhez
El pasado fin de semana, fallecieron en el Hospital Adolfo Pons de Maracaibo, dos niños wayuu debido a una condición crítica de salud por malnutrición. Estas muertes son una evidencia de las fallas en las políticas públicas del Estado para corregir una situación que se viene desarrollando en la región Guajira tanto en materia de alimentación como de protección a la salud.
Desde el año 2013, en el Distrito Militar No.1 de la Guajira venezolana, ubicada en el estado fronterizo del Zulia, se ha aplicado el sistema piloto Mercal casa por casa, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, y a cargo de los consejos comunales que deben distribuir los alimentos. Este sistema, basándose en un censo y estudio socioeconómico de las comunidades de una zona determinada, tiene el objetivo de suministrar con cierta frecuencia una cesta de productos alimenticios. Asimismo, en función de los resultados del estudio socioeconómico, se determina si la adquisición debe ser patrocinada por el Estado o costeada por los habitantes de la zona a precios regulados. En 2013 el registro contaba 1.142 familias, que suman 4.942 personas[i].
El problema es que la distribución de productos básicos ha sido intermitente en una región que, durante años, ha sufrido carencias en la alimentación, trayendo como consecuencia un grave deterioro en la salud de sus habitantes, deserción escolar, e incluso, un incremento en los índices de conflictividad social. Estas circunstancias han obligado a muchas comunidades a migrar a zonas vecinas para conseguir alimentos. Al respecto, es preciso destacar que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “[l]os Estados tienen obligaciones particulares en relación al derecho a la alimentación de los pueblos indígenas. Éstas incluyen el respeto de las tradiciones culturales de los indígenas, reforzando los sistemas alimentarios tradicionales y protegiendo las actividades de supervivencia como la caza, la pesca y la recolección. Los Estados también son responsables de asegurar la aplicación de los principios generales de los derechos humanos, tanto en sus políticas de seguridad alimentaria y nutricional como en las políticas que podrían afectar su acceso a la alimentación”[ii].
Además, a partir de 2010, cuando se creó el Distrito Militar en la Guajira, y en particular, desde septiembre de 2015 –cuando se decretó un estado de excepción en la zona–, se ha observado con mayor notoriedad la ineficiencia del Estado en el diseño y aplicación de políticas públicas efectivas que resguarden la seguridad humana del wayuu, además de un desinterés en el seguimiento de la ejecución de los recursos destinados a la protección de esta comunidad. En materia de protección a la salud, por ejemplo, debe mencionarse que para 1997 el Hospital Binacional de Paraguaipoa contaba con 62 camas y 8 módulos de atención en salud, y diez años después, según cifras del Instituto Nacional de Estadística se registraban únicamente 14 camas para la atención de toda la población de la Guajira.[iii]
En Venezuela es evidente una lista de interminables irregularidades que trastornan la seguridad humana de sus habitantes. Esta situación es más grave en grupos vulnerables como los pueblos indígenas, que en la historia contemporánea del país sólo son tomados en cuenta cuando se aproximan unas elecciones. Al pueblo wayuu, estigmatizado y vilipendiado por procurar su alimentación fuera de la zona que habita, y que no cuenta en general con acceso a agua potable y red de cloacas, se le militarizó su territorio ancestral prometiendo abastecimiento de alimentos y puestos de trabajos con vías asfaltadas, se le instaló un parque eólico con la promesa de electricidad, y se le decretó un estado de excepción para combatir el contrabando. Al día de hoy, esta ocupación militar no ha generado ningún beneficio sino que ha resultado en la ejecución por parte de funcionarios militares de 20 personas, y al menos, 40 torturadas –de las que se tenga noticia. A todas estas víctimas se suman hoy dos niños que han muerto de hambre.
[i] Codhez (2015), Informe Zulia Bajo Excepción.
