El 59% de los argentinos está a favor de despenalizar el aborto
EFE
El 59 % de la ciudadanía argentina está a favor de despenalizar el aborto y el 70 % considera «muy o bastante importante» que se debata en el Congreso, según una encuesta de Amnistía Internacional (AI) publicada hoy, en medio de la gran discusión que existe en torno a este tema en el país.
«Mucho se ha hablado sobre si la sociedad está o no preparada para debatir sobre el aborto. Las opiniones son contundentes: para la población es un tema importante e incluso la mayoría acuerda con la posición de despenalización», señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina.
El informe, efectuado por AI y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) con la consultora Quiddity, revela que el 98 % conoce la existencia del proyecto de ley que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó el 6 de marzo, por séptima vez, con la firma de 71 diputados, y que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina.
Existe una gran expectativa en el país porque, recientemente, el presidente, Mauricio Macri, contrario al aborto, dio libertad de conciencia a los legisladores de su partido y los instó a abordar la despenalización, algo que no hizo ningún mandatario argentino previamente.
El 59 % de las personas encuestadas están «muy» o «algo de acuerdo» en que se legalice el aborto, mientras que el 37 % está «muy» o «algo en desacuerdo».
Sin embargo, hasta un 70 % considera «muy» o «bastante importante» que se aborde en el Congreso, mientras que un 27 % lo ve «poco» o «nada importante».
AI considera que el estudio refleja una realidad «cercana e impactante» porque «casi cinco de cada diez entrevistados dice conocer a alguien que haya interrumpido voluntariamente un embarazo».
El Código Penal vigente desde 1921 en el país suramericano considera el aborto un delito, aunque contempla que «no es punible» en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.
Sin embargo, parte de la sociedad considera la normativa insuficiente en un país donde se practican 500.000 abortos clandestinos al año y donde, según Unicef, nacen anualmente casi 3.000 bebés de adolescentes de entre 10 y 14 años.
El texto del proyecto, que empezará a abordarse en la Cámara de Diputados desde el 10 de abril, establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación y, después de ese plazo, estaría permitido en los dos casos que contempla actualmente el Código Penal y, además, si existen malformaciones fetales graves.
La encuesta de Amnistía Internacional fue realizada entre el 3 y el 5 de marzo por teléfono a 1.561 personas mayores de 16 años de diferente nivel educativo y religión de todo el país y tiene un margen de error de +/- 2,5 %.
