EFE: Derrocar y legislar, las promesas incumplidas de la AN
EFE
«La salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este Gobierno» se decidirá en 6 meses, dijo en enero de 2016 el entonces jefe del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, cuando la oposición tomó el mando de la institución, en la que no pudo legislar ni derrocar a Nicolás Maduro. Casi 5 años después, todo sigue igual.
El próximo domingo, en Venezuela, se celebran elecciones para escoger un nuevo Parlamento y la oposición política del país, que prometió la salida de Maduro en cada año legislativo, aún se encuentra definiendo su estrategia para lograrlo.
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El antichavismo, que reunido en una gran coalición había conseguido su triunfo más importante desde 1998, logró entrar al Parlamento con una «mayoría calificada», lo que significaba que podía remover a funcionarios, magistrados y otros cargos.
Bajo ese escenario, la oposición tenía en sus manos la posibilidad de discutir sobre la gestión de Maduro y promover su remoción como jefe de Estado.
Pero días después de la celebración de las legislativas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -integrado por magistrados señalados de ser afines al chavismo- ordenó una investigación en la elección de cuatro diputados por un supuesto fraude que nunca se comprobó, y que terminó por quitarle la mayoría calificada a la oposición.
Sin embargo, la mayoría opositora del Parlamento desconoció la decisión y permitió la incorporación de los diputados, lo que provocó que el Supremo emitiera una sentencia que declaró en «desacato» al poder Legislativo y, con ello, todos sus actos nulos.
NORMAS SANCIONADAS
Comenzó una lucha entre poderes, mientras la oposición intentaba, en paralelo, avanzar en materia legislativa.
Durante el primer año del antichavismo en el Parlamento se sancionaron 17 leyes, de las cuales solo una fue promulgada: la ley que regula el uso de telefonía celular e internet dentro de los recintos penitenciarios. Esta misma norma es la única oficializada en casi 5 años de período legislativo.
Para 2017 el Parlamento, ahora liderado por el opositor Julio Borges, manifestó su intención de discutir casi 50 leyes, pero solo una fue aprobada y luego declarada nula por el Supremo; lo mismo sucedió con las seis sancionadas en 2018 y las dos de 2019.
Por este mismo escenario, a finales de 2018, el ente, dirigido entonces por el opositor Omar Barboza, creó un «banco de leyes» que, según se acordó en ese momento, serviría de soporte jurídico en un eventual nuevo Gobierno.
UNA ASAMBLEA PARALELA Y EL APOYO INTERNACIONAL
Pero al Supremo no le bastó con declarar nulos los actos del ente legislativo. En marzo de 2017 se arrogó, por medio de una sentencia, las facultades del Parlamento y delimitó la inmunidad de los diputados. La medida, condenada por la Unión Europea, Estados Unidos y países de América Latina, fue revocada días después.
La publicación de esta sentencia desencadenó en una ola de protestas contra el Gobierno que duró cuatro meses y que terminó con un saldo de más de 120 muertes, luego de que se eligiera la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue convocada por el mandatario para «pacificar» el país y crear una nueva Constitución que, al día de hoy, no existe.
La ANC, que se declaró «plenipotenciaria» y que está integrada solo por oficialistas, fue rechazada por buena parte de la comunidad internacional que se volcó en favor del Parlamento.
El presidente del Parlamento en ese año, Julio Borges, emprendió así una gira internacional para denunciar «el golpe» a la institucionalidad y comenzó a abonar el terreno para sumar apoyos a la oposición.
Tras su instalación, la ANC responsabilizó a los diputados opositores por los hechos ocurridos en las protestas y levantó la inmunidad a aproximadamente 30 diputados que, en su mayoría, salieron del país.
GUAIDÓ Y EL «CESE DE USURPACIÓN»
La ANC también decretó el adelanto de las elecciones presidenciales que correspondían en diciembre de 2018, y en dichos comicios la oposición no participó por, entre otros elementos, tener inhabilitados a sus principales líderes y no reconocer al foro.
El resultado de esa elección dio como ganador a Maduro. El gobernante juramentó el 10 de enero de 2019 su nuevo mandato y, en respuesta, el diputado Juan Guaidó, que acababa de asumir funciones como jefe del Parlamento, se juramentó como «presidente interino».
El 23 de enero de 2019, el parlamentario juró, en una plaza pública de Caracas ante miles de simpatizantes, asumir las competencias del Ejecutivo tras considerar que Maduro usurpaba la Presidencia por haber sido elegido en unos comicios «fraudulentos».
Con su proclamación marcó una ruta: «Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». El joven político, una cara fresca y nueva para los simpatizantes de la oposición, levantó una esperanza en cientos de miles de seguidores que atendieron de nuevo el llamado de ir a las calles para pedir la salida de Maduro.
El opositor recibió, además, el apoyo casi inmediato de más de 50 países que le reconocieron como presidente encargado de Venezuela y que pedían la celebración de nuevas elecciones.
Ese mismo apoyo de la comunidad internacional le sirvió más tarde para poder designar juntas directivas en empresas de Venezuela en otros países como las filiales de la petrolera PDVSA, Citgo y Monómeros, ubicadas en EEUU y Colombia, respectivamente.
A un mes de su proclamación, se esperaba el ingreso de ayuda humanitaria que Guaidó había solicitado a sus aliados internacionales en medio de la crisis que afectaba al país. Su anuncio había generado grandes expectativas, pero el objetivo no fue logrado y solo consiguió el apoyo de un millar de militares.
Dos meses más tarde -30 de abril de 2019-, el opositor despertó al país con el anuncio de un levantamiento militar que llenó de ilusiones a sus simpatizantes al creer que Maduro sería sacado del poder, pero tal hazaña culminó sin éxito.
Ese día consiguió el apoyo de otro pequeño grupo de militares y la «liberación» del opositor Leopoldo López que hasta el mes pasado permaneció asilado en la Embajada de España en Caracas, lugar que abandonó el 24 de octubre con destino a Madrid.
UN LIDERAZGO DESINFLADO
Tras estos hechos, el objetivo de la oposición se estancó nuevamente y Guaidó entró en un proceso de negociación con la Administración de Maduro que terminó sin éxito.
A pesar de que las expectativas creadas con Guaidó, las esperanzas se fueron diluyendo a lo largo de los meses.
El opositor volvió a repetir como jefe del Parlamento este año y continúa siendo reconocido por varias naciones, aunque, actualmente, se desconoce el número por no haber sido renovados públicamente los reconocimientos como mandatario.
El opositor intentó buscar más apoyo internacional a principios de este año cuando emprendió una gira internacional, tras la cual pidió retomar las protestas.
«Los mecanismos de presión van a aumentar. Por polémicos que sean van a seguir aumentando», dijo.
Los llamados a protestas, con escaso éxito desde el principio, se vieron todavía más empañados por la pandemia de la Covid-19 y a inicios de marzo dijo que replantearía la estrategia, pero hasta el momento solo se conoce la convocatoria a una consulta ciudadana sobre los próximos pasos que debe seguir la oposición.
La consulta que se realizará entre el 7 y 12 de diciembre de forma digital, y el último día de manera presencial, preguntará: si los venezolanos si rechazan los comicios del 6 de diciembre; si exigen la salida de Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.
VIDEO | Fuerzas democráticas unidas contra el fraude del 6D pic.twitter.com/rxz0ucFgUA
— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) November 30, 2020
También pregunta a los ciudadanos si «ordenan» hacer «las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia».
De momento, el Parlamento no ha dado más detalles, pero a casi un mes de culminar el período legislativo Venezuela no tiene ni nuevas leyes ni un nuevo presidente.
