EEUU suaviza algunas sanciones al gobierno de Maduro
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) decidió suavizar algunas de las sanciones impuestas al gobierno de Maduro, pero mantiene las sanciones a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
Esta nueva licencia emitida por la OFAC permite ciertas transacciones relacionadas con la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo (GLP) a Venezuela hasta el 8 de julio de 2025.
Pdvsa sigue bajo presión
Pese a la nueva licencia de Pdvsa no se beneficiará de esta medida. Las transacciones con la petrolera nacional siguen estando prohibidas en virtud de las sanciones impuestas por varias órdenes ejecutivas de EEUU.
La anterior licencia general permitía transacciones relacionadas con operaciones del sector del petróleo o el gas en Venezuela, pero expiró el 18 de abril, expone un análisis de Oilprice.
Estados Unidos considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus representantes no han cumplido plenamente las obligaciones esbozadas en la «hoja de ruta electoral» firmada con la oposición en Barbados en octubre de 2023.
El último informe mensual de la OPEP registró la producción de la petrolera estatal Pdvsa y socios privados en 851.000 barriles por día (bpd) en junio, según mediciones de fuentes secundarias. Mientras que la empresa estatal informó una mayor producción de 922,000 bpd, frente a los 910,000 bpd del mes anterior, según Reuters.
Empresas Mixtas: en el centro de la polémica
La empresa mixta Petrocabimas, que bombea crudo ligero y pesado de pozos en el oeste de Venezuela, estuvo recientemente en el centro de la polémica cuando el accionista minoritario, la empresa española Suelopetrol, negó las informaciones de que estaba vendiendo su participación.
La declaración de Suelopetrol se produjo tras el anuncio público de Globalable Holding, presidida por el magnate venezolano Ricardo Cisneros, de que estaba renovando Petrocabimas con el objetivo de aumentar la producción de los actuales 12.000 bpd a 50.000 bpd en pocos años. PDVSA, propietaria del 60% de Petrocabimas, aún no ha aclarado las informaciones contradictorias sobre el accionista minoritario de la empresa.
En su comunicado citado por Venezuelanalysis, Globalable afirmó que la alianza seguiría el «modelo Chevron», en referencia al gigante petrolero estadounidense que ha estado intensificando las actividades en sus proyectos conjuntos en Venezuela desde que recibió una licencia del Tesoro estadounidense a finales de 2022.
La necesidad de evitar sanciones ha llevado a PDVSA a ceder las operaciones de los yacimientos petrolíferos y la venta de crudo a socios minoritarios, especialmente Chevron, a pesar de que la legislación venezolana obliga a la petrolera estatal a asumir esas responsabilidades.
Las cuatro empresas conjuntas entre PDVSA y Chevron producen actualmente unos 200.000 bpd. Las autoridades venezolanas estudian actualmente una prórroga del proyecto Petropiar entre ambas empresas hasta 2047, con una inversión prometida de 2.390 millones de dólares para aumentar la producción de 110.000 a 150.000 bpd.
Caracas ha intentado mejorar las condiciones para los inversores extranjeros en un intento de impulsar la recuperación económica. El presidente Nicolás Maduro anunció recientemente que su administración había conseguido inversiones de los «países BRICS» para las industrias básicas del país sudamericano.
Al parecer, el grupo indio Jindal se dispone a hacerse con un complejo estatal venezolano de mineral de hierro y también está presionando al Departamento del Tesoro de EE.UU. para obtener una licencia que le permita adquirir una participación minoritaria en el mejorador de crudo Petrocedeño.
En el sector petroquímico, el grupo turco Yildirim, un importante grupo naviero y minero, invertirá 750 millones de dólares en la construcción de una planta de amoníaco en el este de Venezuela tras firmar un acuerdo con la petroquímica estatal Pequiven.
Las denominadas «alianzas estratégicas» en las que intervienen activos públicos no tienen los detalles del acuerdo hechos públicos, pero suelen consistir en concesiones por tiempo determinado que no incluyen cambios en las participaciones accionariales. Algunos sectores de la izquierda venezolana han criticado las aperturas al sector privado por su falta de transparencia y la reducción del papel del Estado.
Con información de Banca y Negocios.
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