Ecuador reanuda caso de empresa japonesa por presunta esclavitud moderna
EFE
La audiencia judicial sobre una denuncia de presunta esclavitud moderna en Ecuador en contra de la empresa japonesa Furukawa se reanudará este miércoles, luego de haber sido suspendida el pasado 29 de diciembre.
En el caso, las víctimas (123 trabajadores) también demandan al Estado ecuatoriano por presunta indefensión.
Según el colectivo «Furukawa nunca más», en la audiencia que se reanudará a las 08.30 hora local (13.30 GMT) en la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se busca determinar la supuesta «vulneración de derechos humanos provocada por décadas de esclavitud moderna a la que han sido sometidos».
Tras la suspensión de la audiencia en diciembre pasado, en la que se tomaron las versiones de casi todos los testigos de las víctimas que presentaron la acción de protección, «posiblemente la empresa presentará sus testigos y pruebas y al final del día el juez deberá dictar sentencia», dijo este martes a Efe Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).
Detalló que las víctimas demandan a «la empresa y también el Estado» en las figuras de los ministerios de Trabajo, Salud, Gobierno e Inclusión Económica y Social.
Estas entidades «están siendo demandadas por omisión, que ha significado también vulneración de derechos», recalcó Carrión.
En 2018, los trabajadores denunciaron que la empresa abacalera Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, de origen japonés, presuntamente «mantenía desde hace más de cinco décadas a cientos de familias en condiciones de esclavitud moderna», según «Furukawa nunca más».
Asimismo, sostuvo que «el Estado ecuatoriano debió en 2018, en que tuvo pleno conocimiento del caso, tomar acciones diligentes y oportunas para sancionar a la empresa con todo el rigor de la ley y, asimismo, reparar a las víctimas de estas graves violaciones».
De acuerdo con Samantha Garrido, comunicadora del comité de solidaridad «Furukawa nunca más», la reparación integral que exigen los trabajadores tiene relación con la vulneración de derechos humanos a los que consideran que han sido expuestos.
«Ellos viven en los campamentos hacinados, no tienen acceso a servicios básicos. Es importante entender eso y por qué se le exige al Ministerio de Salud que tenga una presencia oportuna», contó Garrido a Efe.
Y puntualizó que «las condiciones son precarias a nivel laboral; los compañeros han tenido accidentes laborales importantes y no han tenido un respaldo debido por parte de la empresa».
Además, denunció que «no han sido afiliados (a la Seguridad Social) y la empresa no les ha dado respaldo, ni acceso oportuno ni a la salud ni a las curaciones que necesitaban en su momento».
«Si bien no tenemos certeza de cuándo se dictará la sentencia de primera instancia, seguimos vigilantes del cumplimiento de las medidas cautelares favorables a los accionantes, del respeto al derecho al debido proceso», anotó.
Asimismo, están atentos a «que se garantice el acceso a la tutela judicial efectiva y oportuna así como la reparación integral de los derechos humanos de las familias que han vivido y trabajo por décadas en indignas condiciones de vida», reza un documento emitido por el colectivo «Furukawa nunca más» sobre la expectativa de los resultados de la audiencia.
