Ecuador: Plebiscito busca «desburocratizar» intervención militar
EFE
El ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, aseguró este martes que uno de los objetivos del plebiscito, que busca impulsar la Administración del presidente Guillermo Lasso, es «desburocratizar» el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado.
En una conversación con periodistas, Jiménez se refirió así a la pregunta propuesta por el Gobierno para consultar a la población si está dispuesta a que se modifique la Constitución para facilitar que los militares puedan prestar apoyo más fácilmente a los policías, cuando estos se vean desbordados y requieran esa ayuda.
«Necesitamos establecer un sistema que ‘desburocratice’ la participación de las Fuerzas Armadas», aseveró el ministro.
El titular de la cartera de Gobierno remarcó que esta pregunta busca generar el marco legal para que los militares puedan tener ese rol sin la necesidad de decretar un estado de excepción como hasta ahora, lo que implica la suspensión de derechos fundamentales de la población como el de reunión.
Jiménez negó tajantemente que esto implique una militarización de las calles, pues recalcó que el apoyo militar a la Policía sólo se dará en ocasiones específicas y bajo un requerimiento previo del cuerpo policial al presidente de la República para tratar casos únicamente de crimen organizado.
Por su lado, Karen Sichel, integrante del equipo técnico de la Presidencia, afirmó que la propuesta ha tenido muy en cuenta la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional de Ecuador como del sistema interamericano de derechos humanos para adaptarse a las disposiciones y estar en concordancia con ambos.
Ocho preguntas en revisión
Esta es una de las ocho preguntas presentadas por el Gobierno de Ecuador que implican reformas constitucionales, por lo que el lunes fueron remitidas a la Corte Constitucional para su correspondiente revisión y eventual validación.
Las ocho preguntas se centran en seguridad, institucionalidad y medioambiente, con cuestiones como permitir la extradición de ecuatorianos a países donde estén acusados de delitos como narcotráfico y reducir el número de asambleístas.
Otras cuestiones propuestas por el Ejecutivo son plantear un número mínimo de afiliados en los movimientos políticos para evitar la proliferación de organizaciones sin apenas integrantes y acotar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Jiménez advirtió que existe la posibilidad de que el Gobierno agregue más adelante entre una o dos preguntas referentes a seguridad o institucionalidad que no implicarían cambios en la Constitución, por lo que no fueron remitidas con el resto a la Corte Constitucional.
«Siempre pensamos en función de diez preguntas y se había trabajado bajo ese esquema. Ocho de referéndum (reforma constitucional) y dos de consulta popular. El procedimiento marca primero revisar las de referéndum», explicó.
Prefiere antes de elecciones
El ministro afirmó que le gustaría que este plebiscito pudiese ser convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de las elecciones provinciales y municipales del 5 de abril de 2023.
«Me gustaría una elección limpia sin caras ni identidades, sino en función de los grandes problemas conceptuales que tiene el país», señaló el titular de la cartera de Gobierno, que reconoció no tener demasiado problema si finalmente coinciden el mismo día.
Jiménez indicó que existe la posibilidad de que también coincidiera con una consulta popular convocada desde colectivos ambientales mediante la recogida de firmas para preguntar al país si está de acuerdo con la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, la mayor área natural protegida del Ecuador continental.
Preguntado por si el Gobierno busca popularidad con este plebiscito, Jiménez aseveró que el objetivo de las preguntas es resolver problemas estructurales del país para el futuro, y que no piensan a corto plazo.
«Cada pregunta está bastante meditada, fundamentada y reflexionada. En su conjunto contribuye a dotar al sistema de solucionar que antes no teníamos. En materia de seguridad ‘desburocratiza’ muchos procesos», reiteró.
