Lasso busca derogar la Ley de Comunicación que coarta a periodistas
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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación que, en los hechos, implica la derogación de la llamada Ley de Comunicación de 2013 y dispone que ningún medio, periodista o comunicador podrá ser sancionado por criticar o denunciar al poder público.
En cumplimiento de una promesa de campaña, Lasso remitió al legislativo su propuesta, que conserva únicamente 15 artículos de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referidos a publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico.
Dentro de las disposiciones consta la derogatoria de los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifican el delito de calumnia y las contravenciones por expresiones de descrédito o deshonra, respectivamente.
“Que nunca más se use el derecho penal para perseguir controversias que surgen por la libre expresión”, escribió ayer Lasso en su cuenta de la red Twitter.
El texto veta las eventuales sanciones a medios o periodistas por criticar o denunciar a funcionarios, aunque sí establece la responsabilidad ulterior “exclusivamente de naturaleza civil”.
Según el diario El Comercio de Quito, la titular de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Mariana Velasco, consideró que se está ante un “cambio gigantesco”, y destacó que el proyecto no está direccionado “a limitar, callar o impedir” el ejercicio periodístico.
Lasso, en tanto, evaluó que el proyecto garantiza la libertad de expresión, comunicación y prensa como “un derecho que no puede ser restringido”.
Establece además la autorregulación de los medios a través de sus códigos de ética y políticas editoriales efectivas, lo que “permitiría un trabajo periodístico más libre, sin la intervención política de los poderes de turno”.
El presidente de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), Danilo Villaroel, cuestionó que no se incluyera nada sobre los riesgos que deben enfrentar los trabajadores de la comunicación. “Estamos día a día expuestos a amenazas, denostaciones, persecución, intimidación…”, advirtió.
Tampoco dispone nada sobre medios públicos y comunitarios ni aclara qué ocurrirá con el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación (Cordicom), cuya creación se dio vía referendo en el 2011.
La UNP y la Fenape pidieron ser incluidos en la discusión del articulado del proyecto, el primero que envió el nuevo Ejecutivo a la Asamblea desde el lunes, cuando asumió Lasso.
El correismo ya salió a advertir sobre algunos puntos, entre ellos el de derogar la figura de la calumnia. “Se pretende eliminar una regulación en torno a la comunicación, contradiciendo a nuestra Constitución y sin considerar que es un mandato popular expresado en urnas en la consulta popular del 2011”, alertó Paola Cabezas.
Si se aplican los plazos máximos que estipula la norma, la aprobación del texto no debería llevar más de 17 meses.
El sitio Primicias reveló que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya felicitó al presidente Lasso por plantear la derogación de la Ley de Comunicación y remitir otra iniciativa en su lugar.
En un comunicado, la SIP asegura que el texto del Ejecutivo constituye “un paso positivo para la libertad de prensa y la democracia en el país”.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de 2013 fue impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, y generó una división tajante entre quienes la defendieron como una base para regular los contenidos de la información y quienes la rechazaron por considerarla un atentado a la libertad de prensa y la llamaron “Ley Mordaza”.
Correa juzgaba que se necesitaba una ley que regulara los «abusos» de una prensa que había estado dominada por medios hegemónicos.
