Economista propone fondo privado para pensionados
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En respuesta al reciente anuncio del Ejecutivo sobre un nuevo impuesto a las empresas para financiar las pensiones, Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unimet, ha propuesto la creación de un fondo de pensionados gestionado por el sector privado.
Oliveros argumenta que este fondo privado podría funcionar mejor que el Seguro Social actual, y advierte que los problemas con el sistema de pensiones no son nuevos. Según él, no se puede dejar la gestión de las pensiones únicamente en manos del sector público.
El economista recordó que la Asociación de Derecho Tributario ha calificado el nuevo impuesto a las empresas como redundante. Aunque Oliveros no se opone a que se paguen pensiones dignas, sostiene que los recursos necesarios no deberían provenir de una mayor carga tributaria para las empresas.
Oliveros también señaló la necesidad de un cambio institucional significativo en la gestión de estos fondos y sugirió que se debería modificar la ley laboral si se quiere considerar aumentos salariales que beneficien a todos.
Además, Oliveros alertó sobre la falta de claridad en las cifras presupuestarias. Aunque parece viable un salario de 200$, este se desequilibraría en un momento en que la situación tributaria es precaria.
Por último, Oliveros destacó que el peso de la contribución de las empresas al sistema de pensiones está desequilibrado. Según él, el Estado debería buscar otras vías de ingresos y no generarlos a través de las empresas, ya que el ajuste es muy fuerte.
Por su parte, Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, calificó este nuevo impuesto como “una burla más”. Lozada señaló que no ha habido respuesta a la propuesta de las centrales sindicales, que certifican la viabilidad de los 200$ como aporte inicial para reconstruir el salario. Esta propuesta incluiría a 10 millones de trabajadores, entre los que se encuentran más de 5 millones de pensionados.
Lozada recordó que en 1986 se estableció un plazo de 20 años para crear un fondo para las pensiones y que hasta la fecha no se sabe dónde está ese fondo. Según Lozada, la situación es insostenible y calificó la situación como un genocidio según el estatuto de Roma.
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