Duque: Las FARC deben responder por el asesinato de Álvaro Gómez
EFE
El presidente colombiano, Iván Duque, respaldó la citación de la Fiscalía al jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, y al senador Julián Gallo para que declaren por el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado y aseguró que la verdad debe contarse ante las autoridades competentes.
«Es importante tener en cuenta que la verdad tiene que darse en las instancias correspondientes, la verdad no es de declaraciones, ni de comunicados, ni de micrófonos, la verdad se expresa ante la autoridad competente», manifestó el presidente durante la posesión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez como miembro de la Corte Constitucional.
La Fiscalía General anunció este miércoles que llamó a declarar a Londoño y a Gallo por el asesinato de Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, y que el antiguo mando de las FARC se atribuyó sorpresivamente el pasado sábado mediante un comunicado.
«Con el objeto de garantizar la consecución de la verdad y dadas las recientes intervenciones públicas del señor Rodrigo Londoño Echeverry y del senador de la República Julián Gallo Cubillos, (se) ordenó la práctica de declaración jurada de los mismos, así como otras pruebas pertinentes», informó la Fiscalía en un comunicado.
Al revuelo causado por la admisión de la FARC se sumó el provocado por una entrevista con Gallo publicada hoy por el diario El Espectador en la que el exjefe guerrillero y ahora senador del partido FARC señala que él fue quien, acatando órdenes superiores, planificó y ejecutó el crimen, declarado por la Fiscalía como de lesa humanidad.
Gómez Hurtado, hijo del expresidente conservador Laureano Gómez (1950-1951), fue tres veces candidato presidencial, embajador en Estados Unidos, representante a la Cámara y senador y miembro del triunvirato que presidió la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1991.
CONTINUIDAD DE INVESTIGACIONES
Al anunciar que asumían su responsabilidad por ese asesinato los miembros del antiguo secretariado (mando colectivo) de las FARC ofrecieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esclarecer ese crimen y el de otras cinco personas, así como asumir «tempranamente la responsabilidad» en esos casos.
Al respecto, Duque dijo hoy que «si bien se han hecho proclamaciones de hechos deleznables como el cruel crimen de Álvaro Gómez Hurtado y que quienes se lo atribuyen señalan que su juez competente es la justicia transicional», la investigación del caso que actualmente lleva la Fiscalía deberá seguir su curso.
«Que tengan claro que eso no limita la capacidad de actuación de la Fiscalía General de la Nación, que tiene la competencia de investigar las conductas también de quienes no se sometieron a la justicia transicional y que pertenecían también al secretariado, que ahora se proclama la autoría de ese crimen», dijo.
Para el presidente, que fue alumno de Gómez Hurtado en la Universidad Sergio Arboleda, en cuya salida fue asesinado hace 25 años el líder conservador, «la verdad tendrá que cotejarse» mediante colaboración armónica de la justicia transicional y la Fiscalía «porque no se puede desechar ninguna de las hipótesis instructivas hasta la fecha».
El asesinato se produjo en un periodo de gran agitación política en Colombia, por entonces inmersa en el escándalo del llamado «Proceso 8.000» por la supuesta financiación del Cartel de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998), del cual Gómez Hurtado era un severo crítico.
Samper, del Partido Liberal, ha sido señalado por la familia de Gómez como responsable del homicidio, por el que fueron investigados varios funcionarios del Gobierno de la época, entre ellos el entonces ministro del Interior Horacio Serpa.
RESPONSABLES EN EL CONGRESO
Pese a que las investigaciones nunca apuntaron a las FARC como posibles autores de este asesinato, Duque dijo que si se comprueba esa hipótesis y por tratarse de un crimen de lesa humanidad, los responsables deberían salir de la política y dejar el Congreso -en una referencia a Gallo por su escaño de senador-, para no revictimizar «a quienes han sufrido tanto dolor» por sus acciones.
«Esperamos que cualquiera de las formas de justicia aplicable para escenarios de aceptación de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, entrañe que no se pueda ejercer ninguna representación parlamentaria porque inmediatamente (el implicado) debería perder la connotación de miembro del Congreso de la República», afirmó.
El presidente añadió que «no deja de causar sospecha» la proclamación de responsabilidad de los antiguos jefes de las FARC de este crimen, «tristemente hasta eufóricas, cuando no se ha visto la misma actitud» frente a otros delitos de los que se les acusa.
Duque citó entre ellos el reclutamiento de menores o «el ultraje, la violación y el maltrato recurrente a tantas mujeres» que hicieron parte de las FARC y que tras la firma del acuerdo de paz han revelado su tragedia personal, como «los testimonios difíciles y dolorosos de las mujeres de Rosa Blanca».
La Corporación Rosa Blanca fue creada en diciembre de 2017 por 25 mujeres reclutadas y abusadas sexualmente por miembros de las FARC para denunciar los maltratos a los que fueron sometidas en las filas guerrilleras.
