Dos ONG denuncian el despojo de sus sedes en Nicaragua
EFE
Dos organismos humanitarios, que fueron ilegalizados por el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, denunciaron este miércoles el despojo de sus instalaciones por parte de las autoridades.
«Grupo Venancia denuncia que hoy, 8 de febrero, desde las 09.30 horas (15.30 GMT), se encuentran oficiales de policías, antimotines, personal de la PGR (Procuraduría General de la República) y civiles tomándose por la fuerza las instalaciones donde trabajamos por 31 años», señaló ese colectivo de mujeres, a través de una declaración.
«El despojo de nuestro inmueble es un paso arbitrario más, tras la ilegal cancelación de nuestra personalidad jurídica, porque ya sabemos que las leyes son papel mojado en este país», continuó ese grupo de mujeres, que calificó la acción como «otra muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos».
Según el Grupo Venancia, la ocupación de sus instalaciones en la ciudad de Matagalpa (norte), «es un robo, ni siquiera es una confiscación, porque no están cumpliendo los procedimientos legales para ello».
«Nos despojan de nuestro local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea delito», anotó.
TAMBIÉN A LA CPDH
Por su lado, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció desde Miami, donde se han exiliado sus activistas, que la «dictadura sangrienta del Frente Sandinista, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, además de consumar el robo de nuestras oficinas en Managua, pretende borrar toda huella del trabajo que realizamos en defensa del pueblo nicaragüense».
«De nuestro edificio fueron borrados nuestros emblemas y colores, pero ellos no podrán borrar los crímenes y torturas cometidos por sus desmedidas ambiciones de poder y su megalomanía totalitaria», señaló ese organismo, en una declaración.
La CPDH sostuvo que nunca vio colores políticos en su trabajo de recepción y acompañamientos de denuncias, «por el contrario, siempre hemos tenido presente el compromiso con el pueblo, y lo seguimos defendiendo a cualquier costo».
«La defensa de los derechos humanos es mucho más que un edificio. Viva Nicaragua», agregó.
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación o vía solicitud a la Asamblea Nacional (Parlamento) donde tienen mayoría absoluta, ha disuelto al menos 3.223 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 y ordenado la ocupación de sus bienes.
¿PROCESO DE ORDENAMIENTO O VENGANZA?
Los sandinistas han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Sin embargo, diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el presidente Ortega reconoce «más de 300».
La crisis en Nicaragua se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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