Diputado Guerra: Préstamo solicitado por el BCV a la CAF sería ilegal
Nota de prensa
El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado José Guerra, informó que el gobierno de Nicolás Maduro está presionando a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para que otorgue préstamo urgente por US$ 400 millones.
Guerra aseguró que «Venezuela enfrenta un fuerte deterioro de sus cuentas externas que durante los últimos tres años ha causado una pérdida de reservas internacionales de US$ 11.145 millones. A la disminución de los precios del petróleo se ha unido la amortización neta de deuda pública a razón de más de U$$ 8.000 millones anuales y la ausencia de dinero fresco por parte de los inversionistas».
Ante esta situación, el también economista explicó que el gobierno ha venido recurriendo a prácticas financieras cuestionables tales como el uso del oro como colateral para obtener financiamiento a tasas de interés implícitas relativamente elevadas, la venta a precios de saldo de las facturas por cobrar de PDVSA, el uso de los recursos en Derechos Especiales de Giro ante el FMI y la entrega de un porcentaje de participación en las empresas mixtas de la Faja del Orinoco a la empresa rusa Rosneft. Igualmente, ha acudido el gobierno al financiamiento con el gobierno chino mediante acuerdos pocos transparentes que lesionan los intereses nacionales.
De esta manera, al primer trimestre de 2017, el gobierno de Maduro ha destruido la base de activos de Venezuela en moneda extranjera y al mismo tiempo ha incrementado la deuda no financiera en moneda extranjera de la nación.
Aprovechó para participar que durante abril de 2017, está previsto el pago de US$ 2.814 millones por concepto de servicio de la deuda pública externa. «Ese pago equivale a aproximadamente al 50% de todas la exportaciones petroleras realizadas en el primer trimestre de 2017. Ello ha obligado a PDVSA a restringir severamente la venta de divisas al BCV, causando de esta manera que el ente emisor deje de liquidar divisas para las importaciones».
Esta situación ha llevado al BCV a recurrir ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) para solicitar con urgencia un crédito por US$ 400 millones con el objeto de mejorar su posición de liquidez en moneda extranjera. Esa solicitud carece de fundamento legal y si se llegara a conceder el citado préstamo, tendría que ser declarado nulo.
Efectivamente, el artículo 37, numeral 3 de la Ley del BCV, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No 6.211 del 30 de diciembre de 2015, establece que está prohibido al BCV: “Hacer préstamos o anticipos sin garantía especial, salvo casos de convenios con otros bancos centrales, cámaras de compensación regionales o bancos regionales latinoamericanos”
El parlamentario fue enfático al decir que la CAF fue concebida como un banco de desarrollo, orientado a financiar proyectos de inversión, principalmente en el área de infraestructura y así lo ha venido haciendo. «En la descripción de los préstamos que realiza se establece que “Préstamos para comercio (Preembarque y Post embarque) y capital de trabajo, préstamos para proyectos y de garantía limitada, adicionalmente establece la CAF que el abanico de proyectos que puede financiar CAF es muy variado, y abarca planes de infraestructura relacionados con la vialidad, el transporte, las telecomunicaciones, la generación y transmisión de energía, el agua y el saneamiento ambiental; así como también los que propician el desarrollo fronterizo y la integración física entre los países accionistas”.
El diputado José Guerra culminó precisando que la CAF no realiza préstamos para balanza de pagos que es lo que requiere el BCV ante la declinación de sus reservas. De esta manera, «alertamos a las autoridades de la CAF a que actúen apegados a la ley y que no sean objeto de presión política por parte del gobierno. El Parlamento venezolano está en la mejor disposición a colaborar en la resolución de la crisis económica pero reitera que todo endeudamiento público, requiere la aprobación de la Ley Especial de Endeudamiento y ésta no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional».
