Diputada Pichardo: De los 1.011 presos políticos que hay en Venezuela 18 son activistas de VP

Nota de Prensa

La responsable del Comité para la Liberación de Presos Políticos de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, Adriana Pichardo, acompañada por la abogada y miembro de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, ofreció un balance sobre la situación de los presos políticos del país y alertó sobre una nueva ola de brutal persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro contra la dirigencia de la tolda naranja.

“Cuando el país se encuentra sometido a la peor crisis política, social y económica de su historia, el régimen una vez más arremete contra la gente en la calle, para callar las voces de quienes luchan día a día por sus derechos. De esta situación no escapa Voluntad Popular, que se ha convertido desde 2014 en el partido más perseguido por la dictadura. En el país hay actualmente 1.011 detenidos por razones políticas y desde el 23, de enero hemos tenido 28 detenciones de nuestros activistas en todo el país; entre ellos, Roberto Marrero, jefe del despecho de Juan Guaidó, quien la semana pasada sufrió de un ataque hipertensivo y no ha recibido la atención médica necesaria”.

La también diputada a la Comisión de DDHH del Parlamento del Mercosur (Parlasur) reiteró que el sistema judicial venezolano está secuestrado por el régimen de Maduro e informó que al menos 3.500 ciudadanos y 28 activistas de VP han sido detenidos en lo que va de año 2019. Recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y aseguró que más temprano que tarde habrá justicia contra los ejecutores.

“En nombre de Voluntad Popular le decimos a Nicolás Maduro que no nos va a doblegar ni retroceder en esta lucha. Este patrón ya lo conocemos, desde 2014 detuvieron a nuestro líder Leopoldo López, y ahora lo hacen con nuestros dirigentes de base. Por cada uno de nosotros que caiga preso o tenga que exiliarse, se levantarán decenas de líderes más. Nosotros estamos actuando para bien, apegados a la Constitución y seguiremos en la calle junto a la Asamblea Nacional y al pueblo, llevando a cabo la ruta de Guaidó. Tendrán que usar el Poliedro de Caracas para encarcelar a todos los venezolanos”.

Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta rechazó la brutal represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares adeptos al régimen en la región zuliana, donde resultaron heridos también mujeres y niños. Además, destacó que los hechos violentos de este fin de semana dejaron al menos un saldo de 200 manifestantes detenidos en el territorio nacional.

“Queremos denunciar el patrón de persecución de la dictadura durante la última semana: se ha desatado una persecución contra los políticos y las personas que manifiestan pacíficamente por los servicios públicos. Vimos cómo se llevaron detenidos a los diputados Nora Bracho y Renzo Prieto, y el allanamiento a la vivienda de Robert Alcalá. El régimen ha aumentado aún más la persecución contra la disidencia política, a quienes incluso les han anulado sus pasaportes”.

Acosta denunció la situación de precariedad en la que se encuentran los sitios de reclusión del país, donde los detenidos no cuentan con el servicio eléctrico ni de agua y se encuentran sometidos a un cruel hacinamiento. En este sentido, alertó sobre posibles epidemias que puedan desatarse en las cárceles venezolanas.

“En las cárceles donde mantienen a los precios políticos, como la cárcel militar de Ramo Verde y en El Helicoide, denuncian que no hay agua potable y las condiciones salubres son terribles. Los alimentos no pueden ser consumido por esta misma razón. A los detenidos durante el fin de semana en el estado Zulia, los liberaron bajo medidas cautelares porque no tienen ni siquiera donde tenerlas detenidas”.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre el accionar de los grupos paramilitares armados a la orden Maduro, los cuales, según denunció, actúan bajo las órdenes de gobernadores y alcaldes del régimen. “Rechazamos la actuación de estos grupos en estados como Zulia, Lara. La comunidad internaciones debe pregustarse ¿quién está armando a estos grupos y porque actúan con impunidad? Si no hay Estado de derecho, no hay justicia para nadie”, puntualizó.