Diputada Lozano sobre caso Andrade-Gorrín: “Lavaron dinero para cercenar la libertad de expresión”
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La diputada y Vice-Presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, afirmó que inmensos caudales de dinero producto de la corrupción del régimen chavista fueron lavados mediante la compra de medios de comunicación en Venezuela, como forma de cercenar la libertad de expresión acallando a la disidencia.
Esto a propósito de la reciente condena contra el ex guardaespaldas, tesorero, presidente del Bandes y compañero golpista del fallecido presidente Hugo Chávez, teniente Alejandro Andrade Cedeño, quien deberá pagar 10 años de cárcel en los Estados Unidos tras declararse culpable del lavado de 1200 millones provenientes de la corrupción en Venezuela.
El caso de Andrade involucra directamente al dueño del canal televisivo Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, quien ahora es prófugo de la justicia estadounidense, y que habría adquirido dicho medio de comunicación a un costo de 90 millones de dólares en una oscura negociación que probablemente no resista una auditoría independiente, comentó la parlamentaria.
“Las mafias chavistas de enchufados y testaferros socios utilizaron la compra o creación de diversos medios de comunicación audiovisuales o impresos en varios lugares del país, entre ellos Globovisión, El Universal y la Cadena Capriles, para instaurar la hegemonía comunicacional del régimen, con el fin de terminar de destruir la libertad de expresión en Venezuela”, argumentó.
De igual manera recordó que el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro instauró mecanismo de persecución, asfixia y censura a los medios de comunicación independientes a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Corporación Maneiro y la judicialización de investigaciones periodísticas.
“Medio de comunicación que no se vende o arrodilla al régimen comunista son atacados y sancionados por Contatel, la Corporación Maneiro no le da acceso a papel periódico, o sus periodistas son acusados y condenados por los tribunales chavistas”, aseguró.
Recuperación de activos
Olivia Lozano subrayó que la Asamblea Nacional trabaja en un proyecto legislativo presentado por la fracción parlamentaria de Voluntad Popular, denominado “Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción”.
Dicho instrumento pretende que una vez reinstaurada la democracia en el país, puedan incautárseles los múltiples y variados bienes que ha acumulado la clase gobernante chavista junto a sus testaferros y socios así como las cuentas bancarias, tanto en Venezuela como en el exterior.
“Esos patrimonios multimillonarios, esas fortunas amasadas a la sombra y con la complicidad de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Francisco Rangel Gómez, entre otros miembros escandalosamente mafiosos y corruptos de la cúpula dictatorial, tienen que ser devueltos al Estado venezolano para reinvertirlos en la recuperación económica de la nación”, expresó.
La diputada aseguró que la corrupción mata, pues cada vez que un ciudadano va a un hospital y no consigue medicinas, no encuentra alimentos, falla el servicio de agua potable, sufre apagones o el colapso de todos los servicios públicos, esas carencias son a consecuencia del gran saqueo sufrido por el país.
“No hay ninguna justificación para que nuestros ciudadanos se encuentren en el nivel de miseria en que están hoy día, la explicación es que ocurrió el más grande desfalco que haya sido cometido contra Venezuela en los últimos 60 años, que se llama con el eufemismo de revolución bolivariana, pero que en realidad debe ser conocido como la gran estafa chavista”, adujo.
En tal sentido, Lozano indicó que apenas ahora con los casos de Andrade y Gorrín, Roberto Rincón, Nervis Villalobos, entre otros, se conocen algunos indicios de la gravedad y alcance de la corrupción, y solamente gracias a autoridades de otras naciones, pues la justicia venezolana sigue siendo cómplice de los corruptos rojos.
“El saqueo de la corrupción chavista es tan inmenso que arruinaron al que fue por 50 años el país más rico y próspero de América Latina, cuyos habitantes hoy emigran masivamente huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicinas, las privaciones de todo tipo y la violencia criminal en la que el comunismo chavista hundió al país”.
“Por eso es que todas esas casas, apartamentos, haciendas, carros de lujo y cuentas en bancos de todo el mundo que están siendo confiscados por las autoridades estadounidenses o españolas, y los bienes que aún no se conocen, lucharemos para que sean devueltas al patrimonio público venezolano. Igualmente rescataremos los medios de comunicación que hasta ahora fueron utilizados a discreción por los cómplices corruptos de la dictadura, para violar la libertad de expresión, información y opinión» concluyó.
