Dictan prisión para dos jóvenes por asesinato de periodista en Nicaragua
EFE
Un juez de Nicaragua condenó a 23 y 12 años y medio de prisión a dos jóvenes, quienes fueron declarados culpables del asesinato del periodista Ángel Gahona el pasado 21 de abril en medio de una crisis sociopolítica, informó hoy el Poder Judicial.
La sentencia definitiva fue dictada la noche del jueves a puerta cerrada por el juez sexto del Distrito Penal de Juicio de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, después de que el pasado martes ya fueran declarados culpables en una sesión en la que la Fiscalía solicitó 48 años de prisión para cada uno de los imputados.
La fiscal auxiliar Inés Miranda consideró que los jóvenes debían cumplir 25 años de cárcel cada uno por asesinato, y tres por tenencia ilegal de armas, exposición y abandono de personas, pero el juez redujo la petición a 23 años de cárcel para Brandon Lovo y 12 y medio para Glen Slate.
Lovo fue acusado de disparar un arma artesanal desde una distancia de entre 64 y 94 metros, y Slate fue procesado como colaborador necesario, durante una manifestación en la localidad de Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.
Gahona fue asesinado cuando transmitía en directo unas maniobras de la Policía Nacional nicaragüense para enfrentarse a una manifestación que era parte de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que provocaron una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos.
El juicio, que tardó varios meses, fue cuestionado por testigos, vecinos y familiares de la víctima, quienes han sostenido que el periodista fue asesinado por un policía y respaldaron sus argumentos con diversos vídeos.
Organizaciones humanitarias también cuestionaron que el juicio se haya realizado a puertas cerradas, únicamente en presencia de medios de comunicación del Gobierno, y sin permitir la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó lo que denominó el «aparato represor del Sistema Judicial del régimen Ortega-Murillo», y argumentó que, tanto el Ministerio Público como el juez Rodríguez hicieron caso omiso a 35 vídeos que demostraron la inocencia de los jóvenes afrodescendientes.
La CIDH ya ha advertido de que Nicaragua vive la «tercera fase» de represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que es la «criminalización de manifestantes», luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
El Gobierno de Nicaragua ha reconocido 198 muertes durante la crisis.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
