Dictador bielorruso definió fecha para el referéndum con el que busca inmunidad
EFE
El dictador de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, convocó para el 27 de febrero un referéndum constitucional que limitaría los mandatos presidenciales en el futuro y también le otorgaría inmunidad al considerado último dictador de Europa.
“¿Aprueba los cambios y añadidos a la Constitución de la República de Bielorrusia?”, es la pregunta que deberán responder los bielorrusos.
El nuevo presidente de la Comisión Electoral Central, Igor Karpenko, adelantó que el viernes celebrará una reunión para abordar los preparativos de la consulta popular.
Según el proyecto de la nueva Carta Magna, el futuro jefe de Estado sólo podrá ostentar el cargo durante dos mandatos de cinco años cada uno, cláusula que ya existía, pero que Lukashenko modificó en 2004 para perpetuarse en el poder.
Dicha cláusula no incumbe al actual presidente, sino al que será elegido en caso de celebración de nuevos comicios presidenciales.
El presidente sólo puede ser destituido por la Asamblea Popular de Toda Bielorrusia, que es acuñada en la Carta Magna como “máximo órgano representativo”. El artículo 89 dictamina que, una vez abandonado el cargo, el presidente no podrá será perseguido judicialmente, lo que garantiza la inmunidad de Lukashenko, en el poder desde 1994.
Lukashenko, quien se proclamó ganador tras las elecciones fraudulentas de agosto de 2020, es acusado de ordenar la represión violenta de las protestas antigubernamentales, la tortura de los detenidos en los centros de reclusión y las condenas sumarias a largas penas de cárcel de políticos, activistas y periodistas.
La Constitución defiende el derecho de reunión, incluida la celebración de manifestaciones, mítines y piquetes, al igual que el derecho de asociación en forma de formación de partidos, aunque el régimen reprimió violentamente las pacíficas protestas opositoras que estallaron tras el fraude electoral.
Según la Carta Magna, el ruso y el bielorruso son los idiomas oficiales del Estado; se prohíbe la financiación electoral extranjera y se promueve el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos.
En un intento de superar la crisis política en 2020, Lukashenko acordó con el presidente ruso, Vladimir Putin, que reformaría la Constitución.
No obstante, la oposición teme que Lukashenko modifique la Carta Magna para seguir en el poder, sea como jefe del Estado o como presidente de la Asamblea Popular de Toda Bielorrusia.
La oposición en el exilio demanda nuevas elecciones sin la participación de Lukashenko, la puesta en libertad de todos los detenidos y el procesamiento judicial de los funcionarios que ordenaron la represión violenta de las protestas.
La semana pasada la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó la degradación de los derechos y libertades de los ciudadanos bielorrusos durante 2021, año en el que el régimen de Minsk intensificó la persecución de las voces críticas, entre ellas activistas y periodistas.
“Las autoridades intensificaron su campaña de difamación y persecución contra activistas políticos y cívicos”, indicó la organización en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo.
Según la ONG, la dictadura de Lukashenko lanzó una “purga” en la sociedad civil y cerró decenas de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos.
Cuando se escribía el informe, “al menos 862 personas se encontraban entre rejas por unos cargos motivados políticamente”, afirmó HRW. Algunas de ellos “sufrieron palizas, amenazas, malos tratos y condiciones inhumanas” durante la detención.
A lo largo de 2021 continuaron las detenciones arbitrarias en el país con el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden.
HRW citó al centro de derechos humanos Vesná, quien cifró en “al menos 8.712″ las personas detenidas en relación con protestas antigubernamentales en Bielorrusia entre noviembre de 2020 y octubre de 2021.
También continuó la persecución de la prensa, agregó la ONG, que indicó que más de 25 periodistas se encontraban en la cárcel en el momento de la redacción del informe anual de HRW.
El año pasado, recordó la organización, comenzó en Bielorrusia con registros masivos en casas de periodistas y defensores de derechos humanos.
Estas acciones continuaron a lo largo de 2021 y se saldaron con la apertura de casos penales contra activistas bielorrusos por supuesta “evasión de impuestos” y “participación en organizaciones criminales”.
En noviembre de 2021, las autoridades bielorrusas liquidaron más de dos centenares de organizaciones de derechos y también la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, fundada poco después de la caída de la URSS, así como la Oficina de Derechos de las Personas con Discapacidad.
HRW destacó también el aterrizaje forzoso del avión de Ryanair en Minsk en mayo pasado y la posterior detención del periodista Roman Protasevich, como un ejemplo más de violación de las normas internacionales por parte del régimen de Lukashenko, que llevó a la imposición de nuevas sanciones contra el país.
El informe denunció asimismo la ejecución del preso Viktar Skrundzik en Bielorrusia y volvió a llamar a las autoridades a abolir la pena capital.
